El piloto de la narcolancha de Barbate, el único tripulante que será juzgado por asesinato

El magistrado que investiga la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos guardias civiles que fueron arrollados hace casi dos años en el puerto de Barbate por una narcolancha, ha dado por concluida la instrucción de la causa. Los dos principales imputados, el piloto Karim El Baqqali y otro de los tripulantes de la embarcación, Yassine El Morabet, serán juzgados por los delitos de asesinato y atentado. El instructor ya ha incoado el procedimiento para que el juicio a ambos se celebre con un tribunal con jurado, según ha adelantado Canal Sur. Otros dos tripulantes marroquíes que viajaban en la narcolancha serán juzgados en un procedimiento diferente por contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Karim El Baqqali, principal acusado y en prisión provisional después de que se entregara a las autoridades a los siete meses de suceder los hechos, será juzgado por dos delitos de asesinato consumado, cuatro en grado de tentativa (otros agentes sobrevivieron con lesiones tras ser arrollados por la semirrígida) y seis delitos de atentado agravado contra la autoridad.

Yassine El Morabet, arrestado y encarcelado en noviembre de 2024 y puesto en libertad en julio de 2025 tras pagar una fianza, será procesado como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac de la Benemérita la fatídica noche del 9 de febrero de 2024.

El instructor sostiene que El Baqqali embistió la patrullera de los guardias civiles "con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes" que la ocupaban mientras que Yassine El Morabet les enfocó con un puntero láser en varias ocasiones "para reducir su visión" y, por tanto, sus posibilidades de defenderse.

Además, en el auto el juez impone a El Baqqali una fianza de 3.300.000 euros para hacer frente a futuras indemnizaciones.

El juicio con tribunal popular por la muerte de los dos guardias civiles en el recinto portuario de Barbate encara ya los últimos trámites para su celebración en la Audiencia Provincial de Cádiz. Fuentes judiciales consultadas por este medio apuntan a que la vista podría tener lugar a mediados de este año.

"Escasas posibilidades de defensa"

En el auto, el juez explica que de la instrucción practicada se desprende que los hechos sucedieron entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024 cuando seis guardias civiles acudieron a las aguas del puerto de Barbate a comprobar la presencia de seis narcolanchas que se habían refugiado en el lugar del temporal.

Karim El Baqqali patroneaba una semirrígida de 14 metros de eslora provista de cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital. En ella viajaban otros tres tripulantes.

El piloto, relata el auto, realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zódiac de la Guardia Civil y después "se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes a gran velocidad y sin desviar la trayectoria para, finalmente, colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial".

Lo hizo, añade, "con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban, y con conocimiento pleno de la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones".

Además, conocía "la condición de agentes de la autoridad" de las personas que tripulaban la zódiac y "sus escasas posibilidades de defenderse del ataque".

Por su parte, El Morabet, en los momentos previos a la colisión y "mientras Karim realizaba las aproximaciones antes descritas, enfocó con un puntero láser en varias ocasiones a los agentes de la Guardia Civil que iban a bordo de la patrullera con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción", aunque "no consta" que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

Como resultado, fallecieron los agentes Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo y sus cuatro compañeros sufrieron lesiones físicas y psíquicas de diversa consideración.La colisión produjo en la embarcación de los agentes daños valorados en 22.942 euros.

La Fiscalía ha cuantificado ya las responsabilidades pecuniarias del El Baqqali por las muertes de los dos guardias civiles y las lesiones físicas de los agentes supervivientes en 2.500.000 euros.

El juez establece que a esa cantidad debe añadirse la de los daños en la embarcación de la Guardia Civil y, en su momento, las derivadas del lucro cesante y los daños de carácter psíquico que hayan podido causarse a los agentes supervivientes.

Por ello el juez ordena que el piloto pague 3.300.000 euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérsele" y "con el apercibimiento de que, de no prestarla, se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Intencionalidad

Un informe pericial solicitado por el juez instructor sobre la intencionalidad del piloto de la semirrígida concluyó que en el momento del impacto, la embarcación de alta velocidad puso rumbo directo hacia la zódiac de los agentes sin hacer ninguna maniobra evasiva y manteniendo la velocidad de planeo, lo que desmontaría la versión ofrecida por Karim El Baqqali, quien sostuvo durante su declaración que instrucción su intención fue esquivar a la patrullera y que, por tanto, lo ocurrido aquella noche fue un accidente

Asimismo, a finales del pasado año, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate número 1 acordó en un auto excluir de la causa a dos de los cuatro detenidos por la muerte de los agentes. Dentro las pesquisas realizadas para calificar los hechos y determinar la responsabilidad penal exacta de cada uno de los implicados, el magistrado acordó que dos de los tripulantes de la embarcación que arrolló a la patrullera debían ser juzgados en una pieza separada por los delitos de contrabando (al viajar en la narcolancha, un género prohibido desde el año 2018) y pertenencia a grupo criminal. Estos dos tripulantes, por tanto, no irán a juicio acusados de las muertes de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González, ya que las diligencias practicadas no permiten sostener su participación en la maniobra que provocó el fatal desenlace.

La noche del 9 de febrero de 2024 una narcolancha embistió a la zódiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el puerto de Barbate. El brutal impacto causó la muerte en el acto de Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y de David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR). Asimismo, provocó lesiones a otros cuatro agentes.