Controversia judicial en torno al petaqueo en Cádiz

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado advierte del “lamentable espectáculo” que supone el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz. El informe anual habla de “exhibición y provocación” para referirse a las organizaciones criminales que alijan en la costa gaditana. También alerta del “llamativo uso de las narcolanchas”, así como de las embarcaciones que les suministran gasolina, el conocido como petaqueo, una modalidad de colaboración con las bandas en auge que, a nivel legal, más allá de alguna sentencia concreta, sigue sin estar tipificado como delito.

La fiscal Antidroga en Cádiz, Ana Villagómez, insiste en que la Fiscalía lleva “tres o cuatro años” pidiendo en su Memoria una tipificación del petaqueo como delito porque “está en aumento y es un peligro”, lo cual no se ha conseguido “todavía”.

Villagómez explica que el petaqueo “es una actividad auxiliar pero necesaria, porque si no hubiese gasolina no funcionarían las narcolanchas”. Apunta que desde que en 2018 se consideró estas narcolanchas género prohibido, no se acercan a las costas porque pueden ser intervenidas y se enfrentan a un delito, pero “la actividad de petaqueo todavía no se ha logrado que se considere como delictiva completamente”.

Ocurre que muchos casos de petaqueo –en más de 50 los cifra Villagómez– no han llegado aún a juicio y “hay discrepancias, criterios jurídicos enfrentados entre los propios magistrados de Cádiz”, afirma la fiscal Antidroga. Y está en lo cierto.

A mediados de año se celebró un plenillo de jueces en Cádiz para abordar el petaqueo y poder juzgarlo con base al artículo 568 del Código Penal, que condena la tenencia de sustancias explosivas o inflamables con penas de entre tres y ocho años de prisión (más elevadas incluso que las previstas por tráfico de hachís). Éste no fue un plenillo especialmente unánime, aunque la propuesta salió adelante con una mayoría ajustada.

Los magistrados de Algeciras y Ceuta votaron a favor de condenar el transporte de garrafas a través del artículo 568. Algunos jueces de Cádiz también le dieron el visto bueno a este ‘apaño’ a la espera de la tipificación expresa del delito, pero otros tantos, y no pocos, votaron en contra.

Jurídicamente, el asunto es muy discutible. La verdad jurídica obliga a demostrar y acreditar con pruebas contundentes e irrefutables que esa gasolina intervenida a los socios logísticos de los narcos tiene como destino final el abastecimiento a las narcolanchas. E incautar litros y litros de combustible en el interior de una furgoneta escondida en los caños de la Bahía de Cádiz no es suficiente para sostener una condena. Los indicios están ahí pero hace falta más para enervar la presunción de inocencia.

Ya lo decía el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, en una entrevista con este medio cuando fue reelegido en su cargo. “Estoy deseando contar con jurisprudencia respecto al petaqueo. Y más me gustaría que se tipificara”, decía el magistrado, sabedor de que la aplicación del artículo 568 dejaba lagunas judiciales.

Personas del ámbito jurídico consultadas por este medio sostienen que el petaqueo no puede juzgarse con base en el citado artículo 568, ya que el delito de tenencia de sustancias explosivas o inflamables se creó para perseguir a bandas terroristas como ETA. Por lo tanto, el petaqueo no tiene encaje, ya que los jueces deben regirse por el principio de legalidad. Este principio establece que el poder público está sometido a la Ley, lo que significa que toda actuación del Estado debe estar regulada por normas previas y escritas y que nadie puede ser sancionado o penalizado por un acto que no esté expresamente tipificado como delito o infracción en la Ley al momento de su comisión.

Actualmente sucede que las personas que son detenidas en operativos policiales contra el petaqueo son enviadas a prisión de forma provisional por el juez instructor a petición de la Fiscalía. Los implicados recurren esa decisión ante la Audiencia de Cádiz y la Audiencia, en muchos casos, los deja en libertad. Con la Ley en la mano, no pueden ser privados de libertad preventivamente a la espera de juicio.

Juristas de la provincia gaditana proponen que durante las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil y la Policía Nacional contra el suministro de gasolina a los narcos se desplieguen dispositivos de vigilancia prolongados en el tiempo que permitan acreditar que, efectivamente, ese combustible tiene un único fin: el abastecimiento a las redes criminales que trafican en Cádiz. De esta forma, se podría imputar a los petaqueros como cooperadores necesarios de los delitos de contrabando o tráfico de drogas. En el caso del hachís, conllevaría una pena de entre tres años y seis años y nueve meses.

Las incautaciones de gasolina se cuentan por miles de litros. No hay semana que no se desmantele un punto de aprovisionamiento en la provincia de Cádiz o que se intervengan garrafas en cantidades industriales en alguna operación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero lo cierto es que, de momento, esa actividad ilícita queda relativamente impune, porque aún no hay un delito tipificado que la castigue.