El 85% sobre el total de ayuntamientos de la provincia de Cádiz, esto es: 38 de los 45 Consistorios que hay en total, han solicitado las ayudas que ofrece la Junta de Andalucía en el marco de la iniciativa AIRE (Activación, Impulso y Recuperación del Empleo). La Junta ha defendido que se trata de una medida extraordinaria para paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria del Covid-19, con el objetivo de beneficiar a la población desempleada andaluza, tras las últimas críticas de varios consistorios gaditanos a este plan.

En el caso de la provincia gaditana, la dotación presupuestaria reservada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para el AIRE asciende a los 34,1 millones de euros, gracias a la ITI (Inversión Territorial Integrada). De hecho, 15 millones sobre esta cuantía total proceden de la ITI. Así, Cádiz ha sido la provincia andaluza con más financiación dentro del AIRE, por delante de regiones como Sevilla (30,3 millones) o Málaga (27,2 millones), han explicado en un comunicado.

Esta misma semana, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha informado con motivo de una reunión de la Comisión de Planificación y Seguimiento de la ITI de Cádiz de cómo se ha incorporado por parte del actual Gobierno de la Junta casi 48 millones de euros a los 43 proyectos que existen en la ITI de Cádiz, gracias a lo cual se asciende a más de 334 millones en total. A este respecto, y haciendo una comparativa en términos proporcionales de cómo se encuentra la ITI de Cádiz desde el 2 de diciembre de 2018 –fecha del cambio de Gobierno andaluz- hasta hoy, se ha gestionado más de un 400% de lo que lo hizo el antiguo Gobierno de la Junta durante la etapa anterior a la actual. Según sostiene la Junta, esta inversión tiene que “repercutir en el empleo para el conjunto de los ciudadanos de la provincia”.

La iniciativa AIRE tiene como finalidad promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación. Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis sanitaria por Covid-19 en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica.

Los ayuntamientos recibirán la subvención en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de cara a garantizar la participación local de todos los ayuntamientos y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles. Con esto, se trata de no impedir la participación de algunos ayuntamientos del territorio, lo que ocasionaría un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por razones de vecindad administrativa.

Serán destinatarios de los contratos por parte de los ayuntamientos las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración. La partida global prevista para la puesta en marcha de estas actuaciones se reparte de la siguiente manera: 8,5 M de euros -en el caso de Cádiz- para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años; 20,8 M para contratos a parados de 30 y 44 años; y 4,8 M para mayores de 45 años parados de larga duración.

La selección de los desempleados se realizará mediante oferta en el SAE, organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto de acuerdo a unos criterios de prelación.

Valoración del delegado territorial de Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Alberto Cremades, ha recordado como los Consistorios han tenido la opción de solicitar parte de la financiación ofertada por la Junta de Andalucía en el marco del AIRE, en el caso de no interesarles suscribirse a la totalidad de los planes ofrecidos. Esta ha sido la opción elegida, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Algeciras.

Hay que tener en cuenta que a los trabajadores contratados dentro del AIRE les corresponde el salario aprobado según el convenio de cada Consistorio para sus empleados municipales. Ya que estos incentivos, tal y como estipula la normativa europea, no pueden financiar el 100% del contrato, y han de ser complementados con una aportación por parte del ayuntamiento.

 El delegado territorial de Empleo también ha insistido en el esfuerzo presupuestario de la Junta para abordar el diseño de este plan, explicando que de su dotación, 165 millones de euros -a nivel autonómico-, provienen, 146 millones de euros de fondos europeos, y 19 millones de finaciación propia de la Junta. “Nos hemos encontrado un marco operativo de 2014-2020 de fondos europeos prácticamente agotado por los anteriores gobiernos, con sólo 146 millones de euros. Si el Gobierno central no nos hubiera sustraído 201 millones de políticas activas de empleo, los habríamos sumado, diseñando así un proyecto mucho más potente”, subraya.