Las becas, el asunto más "preocupante" y "grave" para la comunidad de la UCA

El asunto "más preocupante" para los estudiantes de la Universidad de Cádiz durante el pasado curso fue, sin duda, la denegación de las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que habían solicitado, la imposibilidad de pedirlas para el presente ejercicio académico -tras el endurecimiento de los requisitos exigidos para su disfrute-, así como la reclamación de las cantidades que recibieron en años anteriores por no cumplir con los requisitos de presentarse a un determinado número de créditos tras haber recibido la beca. Así se recoge en la Memoria Anual de la Defensoría Universitaria (octubre 2012-septiembre 2013) que la institución académica gaditana hizo pública la pasada semana. Una Memoria que aglutina todas las consultas, 102 en total, y todas las quejas, 37, que durante esos 12 meses presentaron miembros de la comunidad universitaria a la defensora universitaria, María Acale Sánchez.

La catedrática de Derecho Penal de la UCA resalta que el problema de las becas ha generado el mayor número de consultas (14) y quejas (9) por parte del alumnado, y en este campo se han abordado "los casos más graves". "Cuando entre los meses de mayo y junio conocimos el endurecimiento de los requisitos y que el Ministerio estaba revisando las becas de años anteriores, nos encontramos con casos increíbles. A una estudiante -aportó como ejemplo- le reclamaron 9.000 euros de la beca obtenida el curso anterior".

Acale Sánchez, que el pasado martes cumplió un año al frente de la Defensoría Universitaria de la UCA, destaca también que los problemas relacionados con las becas no sólo ha afectado a estudiantes, sino que se ha extendido al resto de la comunidad universitaria. En este punto, el informe destaca la "compleja labor" desempeñada por el personal de administración y servicios (PAS) del Vicerrectorado de Alumnado y, en particular, por el del Servicio de Becas, "por haber realizado la parte más dura del trabajo, al encargarse de la comunicación a los estudiantes de las solicitudes de devolución o de denegación de becas, y por ello mismo, en algunos casos, han sido receptores de sus reproches y su enfado". Asimismo, se recuerda que actualmente la tasa de reposición para el PAS es de 0%, imposibilitando la incorporación de personal de apoyo incluso cuando se producen bajas. Y por otro lado, se subraya la labor del profesorado en la solución de los problemas generados por el endurecimiento de los requisitos para alcanzar una beca. La defensora resalta en el informe "la sensibilidad, imparcialidad y a la vez solidaridad mostrada con nuestros estudiantes por parte del PDI", así como su voluntad por buscar alternativas, como clases y tutorías extraordinarias.

No obstante, la suma de todos estos esfuerzos "no ha impedido que, lamentablemente, muchos estudiantes hayan tenido que abandonar la universidad o recurrir a la figura del estudiante a tiempo parcial, ralentizando los estudios pero manteniéndose en la UCA". Ante esta situación, la Defensoría plasma en el documento su rechazo a que la universidad pública pierda alumnos por problemas económicos. Actualmente, la institución académica gaditana y el alumnado afectado está a la espera de la resolución de los recursos presentados.

En la Memoria se incide en que este problema no sólo afecta a la Universidad de Cádiz, sino que se extiende al conjunto de universidades españolas, y se adjunta un manifiesto rubricado el pasado octubre por los defensores de las universidades andaluzas y el defensor del Pueblo. Ese escrito resalta que han aumentado "de forma notable" los supuestos de impago total o parcial de las matrículas universitarias por razones económicas sobrevenidas del alumnado y sus familias, "lo que se está traduciendo en un incremento de las tasas de abandono de los estudios universitarios respecto de años precedentes". Asimismo, se manifiesta la preocupación por el incremento de los casos de personas que reconocen haberse visto forzadas a matricularse en menos asignaturas de las deseadas por razones económicas y no académicas, o haber desestimado determinadas opciones de posgrado por el elevado coste de las mismas. Y reconocen los firmantes "especial inquietud" por el incremento de personas que se ven forzadas a abandonar sus estudios al serles denegadas las becas o requerirles la devolución de las ya concedidas sin atender a circunstancias personales sobrevenidas.

Por todo ello, recuerdan que el acceso a los estudios superiores no sólo es "una premisa básica para el futuro desarrollo de cualquier sociedad", sino "uno de los derechos esenciales de la ciudadanía que se derivan del derecho fundamental a la educación". También reconocen el "meritorio esfuerzo" realizado en Andalucía para mantener los precios públicos de los estudios universitarios dentro de los parámetros más bajos que permite la actual legislación. Y se comprometen las Defensorías a "velar y tutelar con firmeza el ejercicio del derecho a acceder en condiciones de igualdad y equidad a los estudios superiores", así como a formular a las autoridades correspondientes "cuantas propuestas y sugerencias consideremos que pueden contribuir a garantizar la plena eficacia del mismo".