Un ex alcalde de Prado del Rey es condenado por falsedad documental

Fernando Pérez Castillo, quien fuera alcalde socialista de Prado del Rey desde 1999 hasta 2011, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz a un año y siete meses de prisión y a 15 años y medio de inhabilitación por, entre otras actuaciones, falsear facturas para justificar una subvención ante la Junta de Andalucía y adjudicar a dedo un servicio municipal cuando era la máxima autoridad de esta localidad serrana.

La sentencia emitida por la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, condena a Fernando Pérez por tres delitos: uno continuado de prevaricación, otro de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito de fraude en la administración y un tercero de falsedad en documento oficial cometido por un particular.

La sentencia condena igualmente al empresario Miguel Ángel Aguilar Gago a un año y 11 meses de prisión y a ocho años y seis meses de inhabilitación por cuatro delitos: los tres atribuidos al ex regidor pradense y además uno más por estafa.

La tercera persona condenada es María del Carmen Pérez Tamayo, delegada municipal de Hacienda cuando gobernaba el PSOE, y sobre la que ha caído una pena de cinco meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Cada uno de los tres condenados tiene que pagar en el plazo de cinco meses una multa de 600 euros y, además, Pérez Castillo y Aguilar Gago tienen que indemnizar a la Junta de Andalucía con 6.693,20 euros en un año.

En la propia sentencia emitida por la Audiencia Provincial se detalla que los tres condenados esquivarán la cárcel si no delinquen en los próximos tres años.

La sentencia, que es firme y contra la que no cabe recurso alguno, se produce después de un largo proceso de instrucción en los Juzgados de Ubrique y después también de que se fijara una vista en la sección jerezana de la Audiencia el pasado octubre en la que los tres acusados aceptaron las penas propuestas por la Fiscalía, que ya había rebajado entonces sus propuestas de condenas, que antes de la vista eran sensiblemente mayores de las finalmente fijadas.

El origen de todo este proceso judicial está en la decisión adoptada por Fernando Pérez en 2005 de convertir a Prado del Rey en el primer pueblo de toda España que contaba con wifi gratuito. Este servicio, se explica en la sentencia, lo adjudicó el entonces alcalde al empresario Miguel Ángel Aguilar Gago a dedo "con la intención de eludir la aplicación de la ley de contrataciones de la administraciones públicas".

Añade el fallo judicial que este servicio no puede ser considerado como un contrato menor porque las cantidades facturadas a Aguilar Gago se elevaron hasta los 80.687,07 euros entre 2005 y 2010, y ello sin contar el periodo comprendido desde mayo de 2006 a abril de 2007 "ya que a día de hoy no se ha encontrado en el Ayuntamiento la documentación relativa a dicho periodo de tiempo", enfatiza la propia sentencia.

Pero la condena a Pérez Castillo no se ciñe a esta adjudicación a dedo. La Audiencia también ve probado que el ex regidor pradense consiguió engañar a la Junta de Andalucía presentando una factura falsa -emitida por Aguilar Gago a instancias del propio Fernando Pérez- con la que consiguió que la Administración andaluza archivara un procedimiento de reintegro.

En concreto, y en respuesta a una petición municipal, la Junta concedió en diciembre de 2004 al Ayuntamiento de Prado del Rey una subvención de poco más de 7.500 euros para equipamiento de la Policía Local. Posteriormente la Junta reclamó en varias ocasiones al Consistorio que justificara ese gasto y, ante esas presiones, el alcalde terminó presentando la reseñada factura falsa emitida por el empresario también condenado.

Añade la Audiencia en su sentencia que esta factura enviada a la Junta no coincide con la que obra en poder del Ayuntamiento ya que esta última "tiene un sello y una rectificación a mano en la que consta que se suministraron tres walkies (para la Policía Local) en vez de los 14" que incluía la factura remitida a la Administración andaluza. Y se destaca además que, aunque esa factura fue emitida en junio de 2005, su sello de entrada en la Intervención del Ayuntamiento es de tres años después, en 2008, "y la misma no posee el preceptivo visado de recepción de los materiales".

En junio de 2011, días antes de dejar la Alcaldía, Pérez Castillo firmó un documento para que Aguilar Gago cobrara del Ayuntamiento los casi 6.700 euros de esa factura. Ese pago jamás se realizó pero el empresario volvió a la carga en abril de 2012, aprovechando el plan de pago a proveedores dispuesto por el Gobierno. El informe contrario de la Intervención municipal, que constató que ese material (walkies) nunca se llegó a suministrar, volvió a frenar el pago de la factura en cuestión.

En 2012 tampoco se le pagó a Aguilar Gago dos facturas que él reclamaba por un importe de casi 1.800 euros ya que la Intervención constató que las mismas habían sido pagadas en 2011 tras ser manipuladas por la entonces delegada municipal de Hacienda por orden del alcalde.