El PA dice que el varapalo judicial al Ayuntamiento lo pagarán los propios vecinos

El Partido Andalucista (PA) sostiene que el varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condena al Ayuntamiento de Villamartín por anular en 2004 la concesión administrativa a la empresa encargada del agua, Aqualia, lo tendrán que asumir los propios vecinos.

Una sentencia reciente del TSJA dice que la actuación del Consistorio cuando le quitó el servicio a esta concesionaria, anulando los contratos que mantenía, no se ajusta a derecho, con lo que obliga a la institución municipal a compensar a Aqualia por daños y perjuicios, bien mediante la vía de la indemnización (que puede estar sobre los 4 millones de euros) o mediante negociación para devolverle el servicio. El gobierno del PSOE estudia recurrir ante el Supremo.

El portavoz del grupo municipal del PA en el pleno, Juan Luis Morales, asegura que el coste económico de esta operación y la política "errática" del alcalde socialista, José Luis Calvillo (PSOE), tendrán que asumirla los vecinos, que padecerán "subidas" en los recibos del agua, en los impuestos o a costa de la capacidad financiera de la Mancomunidad serrana, "en cuyo caso, se enjuagaría en el bolsillo de todos los pueblos de la comarca, en los que se presta el servicio, a través de Aguas Sierra de Cádiz".

Ante esto, la formación ya ha pedido la dimisión del actual regidor Calvillo. Juan Luis Morales (PA) califica el hecho como "un varapalo político, moral y económico para los intereses municipales, quedando la gestión del alcalde a la altura del betún, por no incidir en cómo el nombre de Villamartín esta siendo arrastrado por los juzgados", apostilla.

Añade que el Ayuntamiento está obligado, ahora con la sentencia en su contra, a "una bajada de pantalones" para buscar una salida airosa después de haber "maltratado públicamente a la antigua concesionaria". El responsable andalucista no llega a entender tampoco cómo el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía "erró tanto" en esta controversia, con sus dictámenes.

Los contratos que anuló el PSOE se refieren a la unificación del abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas, con fecha de 1997, y a la ampliación de la concesión administrativa hasta el año 2026, con fecha de 2001, que rubricaron en su día el ex alcalde andalucista, José Antonio González Pavón, con la firma. Una vez que el Ayuntamiento recuperó la concesión se la entregó a Aguas Sierra de Cádiz.