Eva Corrales y Lorenzo Sánchez regresan al banquillo de los acusados

Tribunales Cádiz

El juicio por el caso Convenios Urbanísticos se celebrará a partir del próximo 2 de marzo en la Audiencia Provincial de Cádiz

Lorenzo Sánchez y Eva Corrales antes de entrar a juicio, en 2016, por el caso Uniformes.
Lorenzo Sánchez y Eva Corrales antes de entrar a juicio, en 2016, por el caso Uniformes. / J.P.

La ex alcaldesa de Rota por el Partido Popular, Eva Corrales , y su socio de gobierno y predecesor en el cargo, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos, regresan a partir del 2 de marzo a la Audiencia Provincial de Cádiz para ser juzgados por el caso conocido como Convenios Urbanísticos.

La vista oral, que se suspendió el pasado mes de noviembre, está prevista que se celebre en la Sección Tercera durante doce sesiones los próximos días 2, 3, 4, 5, 10, 11, 24, 26 y 31 de marzo además del 1, 2 y 3 de abril.

En este procedimiento, la Fiscalía procesa a Lorenzo Sánchez por adjudicar de manera arbitraria diversas obras públicas al empresario Felipe Castellano Moreno a cambio de que éste comprase materiales de construcción y equipos de protección a sus sociedades. El fiscal calcula que Sánchez facturó de ese modo a las empresas de Castellano una cantidad aproximada de medio millón de euros entre 2007 y 2011.

La acusación pública solicita para Lorenzo Sánchez cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho pasivo. Para Eva Corrales, concejal delegada de Planeamiento cuando ocurrieron los hechos que describe el fiscal en sus conclusiones provisionales, plantea 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y para el empresario Felipe Castellano, acusado de un delito de cohecho activo, el fiscal pide cuatro años de prisión.

Con ésta, es la tercera vez que Corrales y Sánchez se sientan juntos en el banquillo de los acusados. La primera vez fue en el año 2015 por el caso Uniformes, en el que se juzgó las contrataciones ilegales de vestuario laboral que suscribió el Ayuntamiento de Rota con empresas privadas propiedad del entonces alcalde de la localidad, Lorenzo Sánchez. Éste fue condenado a 13 años de inhabilitación y a un año y medio de prisión, si bien la Audiencia de Cádiz le suspendió la pena y no entró en la cárcel. Corrales fue condenada a siete años de inhabilitación.

La segunda vez que los dos ex alcaldes roteños coincidieron en el banquillo fue en 2016 por el caso Horas Extra, una causa que sacó a la luz la adjudicación irregular de contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento de Rota entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordados para las damas y ninfas de las fiestas locales por valor de 42.300 euros. En esta ocasión, Sánchez salió absuelto mientras que Corrales se llevó la peor parte. Fue condenada a cuatro años y medio de prisión. La ex regidora solicitó el indulto pero el Gobierno se lo denegó, por lo que ingresó en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, en marzo de 2109. Cuatro meses más tarde, en julio de 2019, Eva Corrales logró el tercer grado y salió de prisión, donde solo regresa una vez a la semana para firmar.

Más procesados en Convenios Urbanísticos

Otro acusado en este procedimiento es Ismael Puyana, contratado laboral en la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Rota desde 1993 como peón y desde 2011 como funcionario de carrera como oficial especializado de Fiestas. Puyana fue, además, concejal delegado de Fiestas en 2007 y 2008 por el Partido Popular.

Según explica el fiscal en su escrito de acusación, Puyana fue socio de Lorenzo Sánchez en una de las empresas a través de las que éste recibía ingresos procedentes de las sociedades de Felipe Castellano.

Puyana fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso Horas Extra si bien consiguió el indulto, a diferencia de su compañera de partido, Eva Corrales.

También figuran como procesadas en Convenios Urbanísticos Sonia Rodríguez Villalba, esposa de Ismael Puyana, y Rosario Pacheco Salas, esposa de Lorenzo Sánchez. El fiscal sostiene que ambas se concertaron con Sánchez y Puyana para aparecer ellas como responsables de las empresas y así no levantar sospechas sobre sus maridos. Ese mismo papel lo desempeñaba Isidro Martín Bejarano, afirma el fiscal, que lo considera un hombre de paja en el entramado.

Juan Carlos Utrera, secretario del Ayuntamiento de Rota cuando sucedieron los hechos, también está acusado. El fiscal relata que permitió eludir un procedimiento de licitación pública y que no recabó informes preceptivos.

Figura además como encausado José Antonio Cutilla, coordinador de la Oficina de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Rota.

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