Un nuevo caso de presuntos abusos sexuales cometidos sobre dos menores de 8 y 9 años en un colegio de Arcos de la Frontera ha conmocionado al CEIP El Santiscal, al municipio y a todo Cádiz en general. La información que ha trascendido ha hecho saltar todas las alarmas porque el presunto autor, de 42 años de edad,  había sido detenido e investigado con anterioridad y muy recientemente por hechos similares cometidos en Santiago de la Espada, Jaén, en junio de 2022, y posteriormente en Prado del Rey, en noviembre de ese mismo año.

En ambos casos fue investigado, aunque según apuntan fuentes de la Junta de Andalucía "no hubo sentencia condenatoria en firme",  es decir, que puede que no se haya celebrado aún el juicio por los casos anteriores o que se haya celebrado y la sentencia no sea firme porque ha recurrido. De este modo, ante la falta de una condena en firme este curso 2023-24 ha sido destinado a este centro de Arcos donde ha sido denunciado por los hechos que ahora afectan a dos niñas del CEIP El Santiscal del municipio serrano. Y con este se trata del tercer centro donde han tenido lugar presuntos abusos sexuales desde el año 2022 hasta la actualidad.

También lo ha confirmado este viernes a los medios en Huelva la consejera de Educación, Patricia del Pozo, quien asegura que "no constaba ningún antecedente en educación". "No existe ningún tipo de denuncia que haya llegado a algo en firme". En este sentido ha aclarado que "puede haber algún procedimiento abierto, alguna denuncia que no haya tenido todavía su fallo final y eso no se recoge", ha explicado la consejera.

La pregunta es, ¿cuál es el protocolo de actuación en este tipo de casos? ¿qué dice la Ley? 

Según el Ministerio de Educación, "todo el personal que esté prestando servicios en el ámbito de gestión de este ministerio, ya sea docente o no, que trabaje en contacto habitual con menores, tanto funcionarios de carrera, interinos o laborales, debe aportar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales", y esto es lo que ha ocurrido, según fuentes de la Junta de Andalucía.

Estas mismas fuentes afirman que "en este caso concreto la dirección del centro detecta un incidente y lo comunica a la Inspección Educativa, que lo analiza, y a su vez llama a la familia para para determinar y detallar qué ha pasado". Es entonces cuando se inician dos vías en paralelo,  "una la judicial, en la que la familia tiene que iniciar el proceso de denuncia". Y otra es la administrativa, "que pone en marcha la Delegación de Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, que en esta tercera ocasión ha actuado ya con medidas cautelares una vez realizada la denuncia que determina la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a este docente mientras se resuelve el proceso judicial". Es la medida adoptada para alejarlo de las menores y del entorno escolar, "independientemente de la decisión que tome la jueza que instruye el caso". 

Desde la Junta insisten en el que "el certificado de penales de este docente no refleja ningún tipo de anomalía, pues de lo contrario no podría trabajar en ningún colegio, ni en ningún centro de la administración". 

La causa

El presunto autor de estos delitos prestó declaración ante la autoridad judicial en el juzgado de Arcos en la mañana del jueves, tras ser detenido el miércoles. De momento han decretado orden de alejamiento a 150 metros de las victimas y familiares, así como de centros educativos mientras se instruya la causa. La alerta la ha dado una inspectora de Educación de la Junta de Andalucía después de que se la pusiera en alerta del presunto comportamiento impropio de este docente.

Por su parte el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, se ha mostrado satisfecho con la decisión de la jueza que investiga la presunta agresión, pues ha decretado "con muy buena diligencia" tomar medidas cautelares dando una orden de alejamiento que "va a impedir tanto que vuelva al centro, evidentemente, como que también pueda estar en contacto con otros menores mientras que no se resuelvan los procedimientos que tiene abierto".