Cárdenas: "La solución a los okupas no es que la Junta construya más casas"

La Junta de Andalucía respondió ayer a la petición de apoyo que hizo el Consistorio sanluqueño ante la complicada situación que atraviesa el municipio tras la ocupación de varias viviendas vacías por parte de 86 familias organizadas entorno a una plataforma de reciente constitución denominada Corralas por la Dignidad.

Así, el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, indicó que la solución a este conflicto no pasa por la construcción de más viviendas por parte de la administración autonómica, sino por articular medidas que den una respuesta "inmediata" a las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social.

Cárdenas ha argumentado que el problema "no se resuelve planteando que la Junta construya nuevas casas", en primer lugar, "porque no es posible", y en segundo lugar, "porque si las empezara a edificar mañana no estarían terminadas hasta dentro de tres años", con lo que "no se da respuesta al problema concreto".

A juicio del delegado territorial, la línea en la que hay que trabajar es la que se marcó en el acuerdo aprobado por unanimidad en el último Pleno municipal y que consiste en determinar desde los Servicios Sociales qué familias están en riesgo de exclusión social y de emergencia habitacional, así como estudiar las posibilidades de intermediación con las entidades financieras que ostentan la propiedad de dichos inmuebles.

Asimismo, en cumplimiento del acuerdo plenario, "hay que encontrar la fórmula para garantizar a las personas en riesgo de exclusión social los suministros básicos para poder vivir en las condiciones más dignas posibles".

Respecto a este asunto, Cárdenas ha subrayado que es fundamental aclarar quién está en una situación límite de vivienda y quién no, y "actuar en función de las circunstancias, con la ley y el derecho social por delante", señalando que la Junta está dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento.

El delegado aduce que la situación que vive Sanlúcar y otras muchas ciudades en las que hay "casas sin gente y gente sin casas" es consecuencia del "especulativo" y "nefasto modelo de desarrollo" que ha imperado en los últimos años en Andalucía y en España, lo que ha propiciado "una burbuja inmobiliaria que ha hecho que haya decenas de promociones terminadas y no ocupadas".

Además, ha recordado que, precisamente para dar respuesta a este asunto, la Junta impulsó la Ley de Función Social de la Vivienda que, entre otras cuestiones, articulaba mecanismos para poner las promociones de las entidades financieras a disposición de las familias a través de un alquiler social. Ahora bien, al recurrir el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional esta ley que "garantizaba la vivienda como derecho", Cárdenas entiende que es el Partido Popular quien "se ha encargado de negarle el derecho a estas 86 familias a que puedan acceder a un alquiler social acorde a su situación económica".