Balance del decreto de golf de 2008: ningún proyecto aprobado

Decenas de proyectos de campos de golf, hoteles y urbanizaciones de lujo se convirtieron en papel mojado en Andalucía en el mismo momento en que el ladrillo dejó de ser el negocio del siglo. A saber, 2008. Se desplomó el valor de las viviendas que motivaban estas inversiones, y los bancos, que antaño concedían dinero a espuertas a los promotores, dieron de lado al sector, gran exponente de la burbuja inmobiliaria del país.

Las pocas iniciativas empresariales que se mantuvieron en pie en la región chocaron con otro obstáculo: el decreto regulador de la Junta de Andalucía de febrero de 2008, una normativa que, dos años y medio después, no ha permitido la aprobación de ni un sólo proyecto en la región.

El decreto fija exigencias técnicas y medioambientales estrictas para los proyectos. El objetivo -objetivo marcado antes de la crisis económica- es doble: que los campos de golf dejen de convertirse en una excusa para recalificar suelo y vender casas, y que la región configure una red de campos de "interés turístico" capaces de atraer viajeros a Andalucía por su alta calidad de juego. Si un promotor cumple estos requisitos, obtiene el reconocimiento de PIT -Proyecto de Interés Turístico- y está habilitado por la Administración para construir casas junto a los hoyos y rentabilizar así su inversión.

En la normativa, la Junta de Andalucía se reservó la última palabra sobre cada proyecto a través de una "comisión técnica de calificación" formada por representantes de diversas consejerías. Sin embargo, esa comisión no ha evaluado hasta el momento ni un sólo plan empresarial. Dos años y medio después del decreto, no hay proyectos de de "interés turístico" en Andalucía.

Cuando el documento fue redactado, la patronal andaluza ya advirtió de que la tramitación establecida por los técnicos era "compleja" y, en algunos puntos, "incierta". Tanto, que la Junta se ha visto obligada a posteriori a revisar el decreto.

La modificación del texto fue aprobada en junio de este año. Con el objetivo de acelerar la declaración de proyectos de interés turístico, se han flexibilizado límites al crecimiento urbanístico de los pequeños municipios y también se han facilitado trámites (los PIT ya se tramitan al margen de los planes de ordenación de las comarcas).

Cinco meses después de esta revisión del decreto, los empresarios con intereses en el sector siguen esperando señales del Gobierno andaluz, en cuya cartera de Obras Públicas -con competencias en urbanismo- se han relevado tres consejeros este año (Espadas, Aguilar y Cruz) y sus respectivos equipos.

Fuentes de la Consejería de Turismo han informado esta semana de que hay 15 proyectos en cartera para su declaración como PIT. Tres están "avanzados": en Castellar (el nuevo Valderrama), en Barbate (en el Següesal, junto al Parque de La Breña, de la firma andaluza Bogaris) y en Jaén. La declaración del PIT de Castellar ha superado su periodo de exposición pública, mientras que la de Barbate está pendiente de informes medioambientales, según apuntaron desde Turismo.

Fuentes empresariales admiten que la crisis ha acabado con muchos proyectos de carácter especulativo, pero defienden que hay varias iniciativas cuya paralización "es achacable a la Administración" y a su "escasa capacidad gestora". "Hay falta de coordinación entre las consejerías y entre las provincias, no hay un criterio definido sobre qué se quiere y que no se quiere, y también hay una gran falta de liderazgo", analizan las mismas fuentes especializadas.