La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el portavoz parlamentario, José Ignacio García, han estado en la movilización de los trabajadores de subcontratas de astilleros de Cádiz contra los despidos y por condiciones de trabajo dignas. "Empezamos esta campaña con los compañeros de Navantia porque creemos que han dado una lucha ejemplar para los trabajadores de la Bahía y de toda Andalucía, saben que a veces hay que lanzar señales de humo para que les escuchen en Madrid y nosotros estamos en la misma dinámica”.

Rodríguez ha tachado de “escandalosa” la situación de precariedad de explotación que viven los trabajadores con las contratas, pero ha señalado que es más escandalosa aún tratándose de empresas públicas que dependen directamente de la administración. “Lo más duro son esos contratos que se hacen donde son como peones de un tablero de ajedrez que hoy están con una empresa y mañana con otra y lo que hacen las empresas es hacerse ricas, ahorrándose todo tipo de prestaciones para los trabajadores”. Para Rodríguez, es más llamativo si cabe que ocurra en una empresa donde la responsable principal es Navantia, “una empresa pública que debería estar dando ejemplo de respeto a los derechos de los trabajadores”.

Así, desde Adelante Andalucía han manifestado que uno de sus objetivos de esta campaña será el de llevar la lucha del metal al Congreso y han propuesto que se prohíban los despidos en empresas con beneficios. “No nos entra que se permita despedir sin causa, antes al menos había que justificar, pero ahora no hay que explicar nada”, han recalcado.

Por último, exigirán que se hagan más inspecciones de trabajo como obliga la ley y que la Inspección sea “real”, no un “animal mitológico”, que funcione igual que la policía donde “tú la llamas, acude y pone del tirón medidas sancionadoras a quien incumple las condiciones laborales, porque ahora estamos hablando de despidos, pero otro día estamos lamentando muertes en el tajo como consecuencia de la precariedad laboral de la subcontratación y explotación de la gente, y nosotros creemos que es no se lo puede permitir una empresa pública”.