Varapalo de la Junta a los planes de regularización de varias ARGs de El Puerto

Varias de las Áreas de Regularización (ARGs) que se quedaron fuera del proceso de legalización con motivo de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012 han recibido un jarro de agua fría, tras años de gestiones y gastos derivados de proceso de regularización puesto en marcha hace un lustro. A finales del pasado 2025 la Junta de Andalucía rechazó la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de 1992 en varias de estas zonas, una alternativa que se había puesto en marcha tras la anulación del PGOU de 2012 para doce ARGs, que en su mayoría ya habían iniciado los trámites necesarios para su regularización.

Tras iniciarse hace tres años, de la mano del Ayuntamiento, el proceso de modificación puntual del PGOU del 92, y tras haberse aprobado dichas modificaciones tanto de forma inicial como provisional, finalmente la Junta de Andalucía ha tumbado la aprobación definitiva, al considerar que estas ARGs, ubicadas todas al norte de la variante A-491, deben quedar fuera del suelo urbano por no estar conectadas a la malla urbana. En concreto la administración autonómica deja la pelota en el tejado del Ayuntamiento al considerar que este asunto se debe incluir en el nuevo Plan General que se está redactando en estos momentos, del que ya se aprobó, a finales del pasado año, el Avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) -la parte estructural- y se trabaja en el Avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), que será la parte más pormenorizada.

Según los equipos redactores consultados por este periódico, el doble varapalo viene de la mano precisamente de ese Avance del PGOM aprobado a finales de 2025, que no contempla a varias de estas ARGs como suelo urbano, en concreto algunas de las más grandes y con mayor número de viviendas como son Montes de Oca, San Antonio o Dos Palmeras.

Algunos de los equipos consultados, como el de la ARG 31 San Antonio, explican su caso concreto y el tiempo y esfuerzo económico realizado por los vecinos para tratar de regularizar sus viviendas, en las que residen unas 200 familias.

En concreto esta zona ya tenía aprobado de forma inicial su Plan Especial, con todos los documentos presentados y la junta de compensación constituida, e incluso los propietarios habían adquirido parcelas con una extensión de 16.000 metros cuadrados para su conversión en zonas verdes, tal y como se requería en el procedimiento, con la consiguiente inversión y esfuerzo económico.

De las doce ARGs para las que se iniciaron procesos de modificación puntual del PGOU del 92, muy pocas han salido adelante con el visto bueno de la Junta, en concreto las que se ubican al sur de la A-491, como Bella Bahía, La Belleza y la Hijuela del Tío Prieto.

Los vecinos de las zonas que de momento quedan fuera del Avance del PGMO como futuro suelo urbano no ocultan su decepción y hablan de “poca sensibilidad” del equipo redactor, ya que como dicen “son vecinos que se han matado desde el primer día por hacer las cosas como se les ha dicho y llevan cinco años de esfuerzos y gastos”.

El Ayuntamiento dice que no hay nada definitivo

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que “el rechazo a cinco de las ARGs no es definitivo” y añade que “se está trabajando y no hay nada cerrado en este momento”.

Desde el equipo de gobierno insisten en que “estamos en pleno proceso de redacción y aún no hay nada definitivo. Se está trabajando en una solución para todas. Habrá algunas, las que tienen informe favorable, que podrán adelantarse al POU y las demás entrarán en el POU o el PGOM. Simplemente son tres tiempos distintos según la complejidad de cada caso”, aseguran.

Algunas de las ARGs afectadas ya están celebrando asambleas, dada la preocupación que supone que todo el trabajo realizado se pudiera quedar finalmente en nada.

Los equipos redactores anuncian una lluvia de alegaciones al nuevo Plan General a cuenta de este asunto, y lamentan lo que consideran el “cambio de discurso” municipal.

En cuanto a la decisión de la Junta rechazando la modificación puntual del PGOU de 1992, es firme y no cabe recurso, alegando la administración autonómica que la ley LISTA apuesta por ciudades más sostenibles y compactas.