La fiscal pide investigar a Beardo por inducción a la prevaricación

Hay novedades en el llamado ‘caso de los pantalones’ de la Policía Local, aquel plante de los agentes que en el año 2021 dejaron de trabajar por no contar con su uniforme reglamentario, que les debería haber suministrado el Ayuntamiento.

Por aquella decisión, varios agentes de la Policía Local fueron expedientados y sancionados con 56 días de suspensión de empleo y sueldo. Los agentes interpusieron una querella contra la entonces concejala Marina Peris -ya hoy fuera del gobierno municipal- por un presunto delito de prevaricación que se habría cometido siendo ella delegada de Recursos Humanos, Organización y Promoción de Empleo, en el verano de 2022.

El Juzgado número 2 de El Puerto decidió archivar la causa contra Peris el pasado 2 de abril, al considerar que la entonces responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento siguió adelante con las sanciones, a pesar de su propio criterio y el del ex-jefe de la Policía Local, Carlos Rodríguez Baturone, “por orden directa del alcalde, jefe de la querellada, y quien no contó con los servicios de la señora Peris en la posterior legislatura a los hechos”. Hay que recordar que también poco después, en 2023, Germán Beardo cesó a Baturone como jefe de la Policía Local.

El juez decidió archivar la querella al entender que “la señora Peris no tenía conciencia de estar cometiendo una ilegalidad al no suspender la sanción, siendo acreditado que quería suspender las ejecuciones de cada sanción y su jefe, el alcalde, le ordenó que siguieran su curso sin opción a suspender cautelarmente mientras se resolvía la cuestión en el contencioso-administrativo”.

Tras el archivo de la querella contra Marina Peris los agentes sancionados interpusieron un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, y en las alegaciones presentadas al Juzgado por la fiscal Patricia Navarro el pasado 21 de abril se pide la toma de declaración como investigado del alcalde de El Puerto, Germán Beardo,como presunto "inductor de un delito de prevaricación”, y del concejal Javier Bello como testigo, por haber estado presente en la reunión en la que supuestamente el primer edil ordenó aplicar las sanciones contra los agentes.

Según se expone en el escrito de la fiscal al Juzgado, el jefe de Personal del Ayuntamiento había expresado también su criterio favorable a la suspensión de las sanciones en tanto no se resolvieran los recursos, algo en lo que estaban de acuerdo la propia Marina Peris y el entonces jefe de la Policía Local, Carlos Rodríguez Baturone, “pero que la persona que tenía la última palabra de la suspensión era el alcalde”, quien por e-mail ordenó que se ejecutara la sanción. Antes, no obstante, se celebró una reunión a instancias de Baturone “para mediar y tratar de convencerle para la suspensión”.

La reunión se celebró en Alcaldía y acudieron el alcalde, su asesor Antonio Caraballo, Javier Bello y Marina Peris. “Tras exponer Baturone los motivos por los que creía que debía suspenderse la sanción, entre ellos que el tema estaba judicializado en el contencioso, Beardo respondió que no se suspendía porque sus agentes habían hecho mucho daño a él y a su familia, y salió de la reunión, que no duró más de cinco minutos”. Peris declaró que ella “se vio obligada por lealtad al cargo a firmar el decreto de cada uno de los sancionados”. Tampoco se le permitió firmar con reserva, por ser su cargo político.

En el escrito de la fiscal se refleja además que “a los diez días de la firma, el alcalde le quitó las competencias sobre el personal y así dejó de ser delegada de Recursos Humanos, y nombró a su portavoz Javier Bello. Aunque firmó, le llevó la contraria y eso no le gustó, y además se lo comunicó en la calle, ni siquiera en una reunión”.

En cuanto al papel jugado por Marina Peris, la fiscal entiende que “por más que el alcalde era el jefe de la investigada, ella tenía delegadas las competencias en materia de personal, por lo que la competencia y decisión final eran suyas, y en todo caso, pudo negarse a firmar el decreto en los términos que pretendía imponer el alcalde”. Se añade que “la investigada decidió acatar una indicación presuntamente ilegal del alcalde en el ámbito de la competencia propia. Ello la convierte en autora de una conducta prevaricadora sin perjuicio de que el alcalde pudiera ostentar la condición de inductor. Y es que la investigada viene a reconocer la arbitrariedad de su resolución y la conciencia de que cuando se resolviera el procedimiento contencioso iba a ser inútil, porque la sanción ya se habría ejecutado. Su comportamiento no solo es doloso, sino que abarca la plena conciencia del perjuicio a terceros que se verían inermes e indefensos a consecuencia del mantenimiento de la ejecución de la sanción recurrida" -como así ocurrió, ya que los tribunales dieron después la razón a los agentes-. Por ello, la fiscal entiende que “no puede procederse a acordar el sobreseimiento, porque concurren todos los elementos del tipo prevaricador”.

El sindicato UPLBA, al que pertenecen los agentes sancionados, ha preferido no hacer declaraciones en tanto no termine el procedimiento judicial.