Cinco agentes de la Policía Local de El Puerto han presentado una querella contra la teniente de alcalde de Seguridad, Marina Peris, por un presunto delito de prevaricación que se habría cometido siendo ella delegada de Recursos Humanos, Organización y Promoción de Empleo, en el verano de 2022.

La edil del Partido Popular firmó en los meses de julio y agosto de 2021 cinco resoluciones en las que se acordaba la incoación de otros tantos expedientes disciplinarios contra cinco agentes de la Policía Local por una presunta falta de desobediencia, a raíz del plante de los policías por la falta de uniforme en el verano de 2021. Tras rechazarse las alegaciones presentadas se les impuso una sanción de 56 días de suspensión de empleo y sueldo. Los agentes, no obstante, presentaron recursos de reposición y recursos ante el contencioso-administrativo contra esta decisión, solicitando que no se ejecutara la sanción, en tanto no estuvieran resueltos dichos recursos.

Según consta en la querella Marina Peris hizo caso omiso de las peticiones de los policías, pese al grave perjuicio que suponía la sanción, y no escuchó tampoco la recomendación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento ni del intendente jefe de la Policía Local, Carlos Rodríguez Baturone, que recomendaban esperar. “Mi parecer es que se debería esperar a la resolución de recursos porque de estimarse, se habrían perdido 56 días de trabajo de los encausados que se tendrían que devolver”, explicaba en un correo a un representante de la junta de personal del Ayuntamiento en agosto de 2022.

Los recursos de reposición fueron desestimados por la propia Marina Peris en agosto de 2022, con una serie de decretos en los que el jefe de Personal hacía constar por escrito “la conveniencia de decretar la suspensión de la ejecución de la sanción”. Los querellantes, no obstante, siguieron adelante con el recurso ante el contencioso-administrativo, pidiendo que se adoptara como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la sanción en tanto se resolvían los recursos y tuvieran sentencia firme.

Los cinco recursos interpuestos por los querellantes se han saldado con sentencia favorable para los agentes, ya que el Juzgado consideró nulas de pleno derecho las resoluciones sancionadoras de la edil. Los querellantes consideran que se trata de un presunto delito de prevaricación, al haberse dictado una resolución a sabiendas de que era injusta. Ahora, por los daños y perjuicios morales sufridos, los querellantes piden que se requiera a Marina Peris una fianza de 15.000 euros (3.000 por cada policía), “a fin de asegurar las responsabilidades que puedan derivarse y ser exigibles”.

De momento han sido cinco los agentes querellantes, pero los sancionados fueron once, cuyos recursos están aún pendientes de sentencia y seguramente se resolverán en el mismo sentido, por lo que podrían sumarse nuevos demandantes a la querella en las próximas fechas.

Marina Peris no repite en las listas del Partido Popular a las municipales del próximo 28 de mayo.