La guerra abierta en el seno de la Policía Local portuense se juega en los Juzgados, y de momento la balanza se inclina hacia los agentes involucrados. De los 50 expedientes disciplinarios abiertos  por el equipo de gobierno contra agentes del Cuerpo solo quedan en marcha seis, bien porque se han archivado o bien porque los policías han ganado en los tribunales.

De estos expedientes abiertos 28 eran por faltas leves y 22 por faltas graves. Todos los que se habían abierto por la presunta falta al trabajo en la motorada de 2021, por estar de descanso los agentes según el cuadrante anual, se han archivado con la devolución de las cantidades detraídas, 22 de ellos a petición del instructor de los expedientes. Los seis restantes terminaron en un recurso contencioso administrativo, de los cuales los policías han ganado uno y los otros cinco no llegaron a ir a juicio por desestimiento del propio Ayuntamiento.

En cuanto a las faltas graves (sancionados con 56 días de empleo y sueldo por el plante a causa de la falta de suministro de uniformes) de los 22 casos la mitad se han archivado y de los otros once los policías han ganado ya cinco juicios, por lo que se les ha devuelto el sueldo retenido y se ha limpiado su expediente. Lo otros seis juicios están pendientes de celebrarse.

Desde el sindicato UPLBA se anuncia, además, que se están preparando querellas contra la edil de Seguridad, Marina Peris, por haber dictado la aplicación de la sanción sin esperar a la resolución en los juzgados.

Por otra parte existen otros 21 recursos contenciosos administrativos presentados contra el Ayuntamiento, por no haber satisfecho las cantidades reclamadas por distintas dietas a agentes que acudieron a trabajar pero no realizaron labores de calles por la falta de uniformes. De estos procedimientos los agentes han ganado hasta la fecha  cuatro por dietas en playas y tres por  la productividad en la motorada. Otros dos se han perdido, pero reconociendo el Juzgado la responsabilidad del Ayuntamiento sobre la falta de uniformidad.

En cuanto a las costas procesales impuestas al Ayuntamiento, los juicios perdidos han supuesto un gasto de 3.000 euros hasta el momento, a los que hay que sumar los más de 12.000 del contrato menor realizado para pagar a una asesoría externa que defendiese al Ayuntamiento en los tribunales.