Dos alcaldes para El Puerto

El nombramiento de Antonio Caraballo como coordinador general oficializa su poder absoluto dentro de la estructura municipal

Antonio Caraballo y Mila Pérez toman posesión como coordinador general y directora de Organización Municipal en el Ayuntamiento de El Puerto

Antonio Caraballo, en el Ayuntamiento el día de su toma de posesión como coordinador general.

Quién le iba a decir a Antonio Caraballo Crespo hace cinco años, cuando estaba ya casi a punto de jubilarse y su influencia municipal pasaba por sus horas más bajas, que con más de 70 años de edad se iba a convertir oficialmente en la persona con más poder en el Ayuntamiento de El Puerto. Y es que la ciudad, ahora Gran Población, tiene un alcalde elegido por las urnas, el popular Germán Beardo, pero tiene a otra persona elegida por Beardo a la que siempre se le ha considerado el alcalde en la sombra, y que ahora disfruta ya de forma oficial de un poder prácticamente equivalente al del primer edil, ya que el listado de facultades que le otorga su nombramiento como coordinador general del Ayuntamiento es amplísimo y le faculta para hacer y deshacer a su antojo en todas las áreas municipales, e incluso le permite firmar decretos.

En realidad, salvo por este último aspecto, era algo que ya venía haciendo desde que en la campaña de 2019 Beardo lo rescató del ostracismo y lo convirtió en su asesor principal, siendo en la práctica el artifice de las líneas maestras de la actual gestión municipal. “Habla con Antonio”, es la respuesta habitual de Beardo cuando alguien le pregunta por algún asunto. La diferencia es que a partir de ahora esa labor de factotum estará mucho mejor remunerada, ya que a los más de 70.000 euros que venía cobrando como jefe de servicio del área municipal de Medio Ambiente, hay que sumarle otros 40.832 euros como complemento específico anual.

En total Caraballo se va a embolsar al año más de 110.000 euros de las arcas municipales, más de lo que cobra el propio alcalde, que recibe como diputado provincial unos 64.500 euros brutos anuales, y más de lo que cobra el presidente del Gobierno de la nación, que recibe unos emolumentos de 90.449,28 euros anuales. No está mal para alguien que es personal laboral del Ayuntamiento y que no tiene ni siquiera una carrera universitaria, requisito indispensable para cualquier funcionario de carrera con unas responsabilidades equiparables a las suyas.

De sobra es sabido cómo llegó Caraballo al Ayuntamiento de El Puerto, en los años 80 del pasado siglo, al olor del auge socialista que recorría todo el país. Su desembarco en el Ayuntamiento se produjo en el año 1984, ya como militante del PSOE, primero como gerente interino del Imucona -uno de los nuevos organismos creados como satélites de la gestión municipal para algunas áreas municipales- y después como gerente de este mismo organismo, con la archiconocida circunstancia de que fue el propio Caraballo quien se contrató a sí mismo para este cargo: “De una parte, Antonio Caraballo Crespo, en concepto de gerente del Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza y de otra Antonio Caraballo Crespo, libre y espontáneamente convienen a otorgar el presente contrato de trabajo, con carácter indefinido y sin periodo de prueba y con un salario de 1.598.673 pesetas anuales”, recoge el documento de manera textual. Ya siendo muy joven quedaron claras sus ganas de estar en el candelero, cuando se convirtió en miembro de la Organización de Juventudes Españolas (OJE) y llegó a ser consejero local del Movimiento en El Puerto, allá por el año 1974.

Durante los primeros años de su etapa en el Imucona, siendo alcalde el comunista Rafael Gómez Ojeda, Caraballo llegó a ser condenado por malversación de caudales públicos, tras una denuncia de algunos concejales del PSOE, por haber desviado para otros fines unos fondos municipales destinados a realizar pagos a la Seguridad Social, por un importe cercano a los dos millones de las antiguas pesetas. Aquella condena se saldó con dos meses de inhabilitación, sin empleo y sueldo, pero tras ese tropezón continuó en su cargo y pronto se arrimaría a otro caballo ganador, Hernán Díaz, del que durante muchos años fue también un estrecho consejero.

Tan solo en el año 2004 parecía que se le movía la silla, cuando la Intervención municipal puso un reparo a su nómina alegando que no tenía la titulación universitaria requerida para el puesto de jefe de servicio. Aquello finalmente se solucionó favorablemente para sus intereses, siendo además él mismo el encargado de reorganizar, a su favor, el área municipal.

Y es que durante muchos años por las manos de Caraballo han pasado todos los grandes contratos del Ayuntamiento, no en vano se llegó a decir que el área de Medio Ambiente, de la que era jefe de servicio, era un auténtico Ayuntamiento paralelo.

En los últimos años la gestión de estos contratos no ha sido precisamente para sacar pecho, ya que la mayoría de ellos están caducados y otros, como el reciente contrato de la basura, no dejan ver resultados positivos de momento, pero aún así el premio le ha venido a Caraballo de la mano del estatuto de Gran Población, con la creación de nuevos cargos de libre designación de los que ha sido uno de los principales beneficiarios.

Caraballo se tenía que haber jubilado en abril de 2020, y estaba a punto de hacerlo, pero llegó como candidato del PP Germán Beardo y lo rescató. “A los 65 años había pensado dedicarme al turismo de excelencia, pero apareció un joven de 33 años, una invitación a hacer una administración para los ciudadanos. He encontrado en Germán una confianza total en que esto es posible”, escribía en 2019 el actual coordinador general del Ayuntamiento portuense.

Un año del estatuto de Gran Población

El nombramiento de Caraballo como coordinador general del Ayuntamiento -así como el de Mila Pérez como directora de Organización municipal- llega cuando se cumple justo un año de la declaración de El Puerto como Gran Población, materializándose así una solicitud que contó con el apoyo de todos los grupos políticos menos VOX. Un año después de ese título lo cierto es que para lo único que ha servido ese estatuto es para aumetar la nómina de cargos de libre designación -de los que aún quedan varios por nombrar- y el sueldo de algunos concejales, ya que hay también más tenientes de alcalde y nuevos cargos municipales como el de secretario de la Junta de Gobierno Local.

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