Francisco Lara es contratado como cargo de confianza en Diputación

El Partido Popular dio a conocer ayer que Francisco Lara, número dos del PSOE de El Puerto y candidato al Senado en las últimas elecciones generales, ha sido contratado por la Diputación Provincial como cargo de confianza del PSOE. El secretario local del PP en El Puerto, Isidoro Seco, afirmaba que "Lara ha pasado de senador frustrado a ser enchufado como asesor en Diputación. Si lo que quería era cobrar un sueldo público, presuntamente ya lo ha conseguido".

Para Seco "se nota en el PSOE de El Puerto que la política es cosa de familia. Su hija es concejala y él cargo de confianza en Diputación. Pasa lo mismo con el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, que es concejal y su madre ahora también, o David De la Encina, que tiene a su hermano Salvador de diputado Nacional. La familia socialista cuida de la familia socialista a costa de los impuestos de los ciudadanos", afirmó.

Seco afirmó que Lara cobrará un sueldo de más de 2.500 euros mensuales "que pagaremos todos los ciudadanos y que no repercutirá en nada positivo para los portuenses, ya que no se trata precisamente de un experto ni un político de gran valía que pueda asesorar a ningún cargo público.

Por su parte La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha replicado al PP que "lo que no hacemos en el PSOE es premiar con puestos en la Administración a políticos que están imputados o siendo investigados en causas judiciales" y en este sentido le recordó el caso del propio ex alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, acogido por José Loaiza en la Diputación en el pasado mandato o el más reciente del ex senador arcense Sebastián Ruiz, jefe de gabinete en la Subdelegación del Gobierno de Cádiz "cuando está implicado en un caso de enchufismo en el ayuntamiento de Arcos.

Además subraya Maese que el PP "tras perder el Gobierno de la Diputación no ha tardado un segundo en buscarle un hueco a Moresco en la Zona Franca como abogado, cuando no está ni colegiado".

Maese defiende que "es potestad del Gobierno de la Diputación elegir a las personas que considere idóneas para el desempeño de las tareas y el perfil de Lara se ajusta a lo que se precisaba". Defiende, además, la trayectoria "impecable" de Lara y su cualificación "tras 28 años ininterrumpidos en el ejercicio de la profesión de la abogacía".