Lo que vale para Sevilla no vale para Cádiz

EL pasado martes, cuando el alcalde de Cádiz Bruno García informó sobre la petición de un préstamo bancario para, entre otras cosas, poder hacer una oferta para la compra del suelo de Zona Franca, destinado al nuevo Hospital Regional de Cádiz, justificó que la Junta no pusiese el dinero para esta adquisición, dejándolo en manos del Ayuntamiento.

Desde que hace dos años la administración regional, tras un largo silencio, dejó claro que no haría el Hospital, pendiente desde 2004, si antes no se le cedía suelo para el mismo (gratis, y no valía intercambios con otros terrenos, como proponía la Zona Franca), siempre se ha puesto en duda la lógica de la Junta de no pagar por los terrenos.

El coste en este caso, unos 12 millones de euros, supone una cifra ínfima frente a los 500 millones que se invertirán en el complejo sanitario. Y más cuando la Junta ha ingreso, y tiene pendiente de ingresar, una cantidad millonaria por la venta de suelo en la ciudad, suficiente para pagar dos o tres veces el dinero pedido por la Zona Franca.

El alcalde, este martes, defendió la postura del gobierno regional, e insistió en que en todas partes las administraciones locales o provinciales hacen de proveedores de suelo a la Junta para levantar sus equipamientos.

Adelantándose a una posible réplica de la prensa, Bruno García mencionó el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Aquí la Junta pagó 70 millones para comprar los edificios del Campus de Palmas Altas. Se pagó porque eran edificios “ya construidos”, dijo el alcalde, cuando en Cádiz se cedió gratis (otra cesión gratuita) el suelo de los Depósitos porque el futuro complejo se iba a levantar de nueva planta.

Solares vacíos en Sevilla que se han comprado por la Junta

Sin embargo, hay un relevante matiz que diferencia la operación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla con la de Cádiz.

Lo cierto es que la Junta pagó 70 millones de euros por el Campus de Palmas Altas para sus futuras dependencias de la justicia, pero en la operación se incluía suelo “no construido”.

Se pagaron, según se informó en su momento, 5,3 millones por 9.900 metros cuadrados para un parking, y otros 13,4 millones de euros por una parcela de 22.200 metros cuadrados para levantar un edificio de nueva planta. Atendiendo a lo dicho por el alcalde, en este caso el suelo tendría que haber sido cedido de forma gratuita (tras su compra previa por parte del Ayuntamiento hispalense o su diputación provincial).

Pero, a su vez, lo cierto es que la operación de Cádiz para su Ciudad de la Justicia no se limitó a la cesión gratuita del suelo donde levantar las nuevas oficinas, por lo que no se debía cobrar nada, siguiendo el análisis municipal.

En el acuerdo que la Junta firmó con el entonces alcalde de la ciudad, José María González, en diciembre de 2021, la ciudad aportaba sin recibir nada, un solar en los Depósitos de Tabaco y varios edificios ya construidos: el almacén de tabaco y dos de las naves históricas.

Es decir, siguiendo la lógica expresada por el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta sí tendría que haber pagado por el paso a sus manos de estos tres inmuebles ya existentes en los Depósitos de Tabacos (y que como los de Palmas Altas, solo se adaptarán en su interior para su nueva función). El gobierno de Kichi, sin embargo, no reclamó ingreso alguno para la ciudad a cambio de estos edificios.

Con todo ello, al final no hay una regla escrita o no escrita que no pueda modificarse según los intereses de cada momento.

Si se pagó por el suelo vacío en Sevilla para la Ciudad de la Justicia, la Junta de Andalucía debería de tener capacidad de respuesta para pagar por el suelo vacío para el Hospital Regional de Cádiz. Suelo que, además, le saldría más barato que lo abonado en la capital hispalense.

Ya hemos mencionado, en más de una ocasión, que la peculiaridad urbana de Cádiz debería de obligar a las restantes administraciones a ofrecer un trato diferenciador a la capital.

Ojalá tuviese la ciudad suelo de sobre para ceder terreno para este y mil hospitales más. Pero tenemos lo que tenemos, y de ahí no salimos.

Si Teófila Martínez, cuando era alcaldesa, logró un tratamiento especial para Cádiz, debido a su singularidad y le aporta desde entonces un dinero extra cada año procedente del Estado, todo es posible de hacer para que la Junta esta vez sí pague por un suelo.

La hacienda regional no va a quebrar por ello. Más aún, siempre se pueden utilizar las plusvalías millonarias generadas por la venta de Tiempo Libre y Loreto, y por las que se lograrán cuando salgan adelante las operaciones en Tolosa Latour, Náutico y Valdeíñigo.

Y si la Junta no asume esta obligación, que sea el Estado el que busque la fórmula, que seguro que existe, para traspasar la propiedad del antiguo suelo de CASA a la Junta. Y se apunte el tanto.

El gobierno de Bruno García, que se metió en un embrollo en su loable intento por activar el Hospital pendiente desde 2004, podría dedicar estos 12 millones de euros a construir más viviendas públicas en la ciudad.