Anatomía de una infamia

Coincidencias en el tiempo. Se estrena con gran éxito de crítica y televidentes la miniserie basada en la celebérrima obra de Javier Cercas titulada Anatomía de un instante, que narra la intervención de Adolfo Suárez en los primeros años de la democracia y cómo sucedió el frustrado intento de golpe de estado del Coronel Tejero, y al poco tiempo aparece una mujer anónima acusando a Suárez de que abusó de ella cuando era menor de edad.

Las reacciones ha sido las que uno esperaba. Las feligresas del "hermana, yo sí te creo", que anteponen la fe ciega en el relato de la víctima sobre el proceso de instrucción y valoración crítica de la prueba, no han tardado ni un segundo en enfangar el buen nombre del expresidente de la transición, el mismo que permitió que Carrillo volviera a España y se legalizara el Partido Comunista.

A los socialistas no les ha venido mal esta polémica, abrumados por los constantes casos de acoso sexual que han ido apareciendo en las últimas semanas, diseminados por el mapa de España; y por el malestar creado por su nula capacidad de reacción, el excesivo tiempo de tramitación entre la denuncia y su gestión, los almuerzos "alegres" con los supuestos agresores y los intentos de acallar internamente la cuestión para evitar que se siga dañando el (también) buen nombre del "soy feminista porque soy socialista" (o viceversa). Cristina Narbona ha sido la elegida por el sanchismo para hacer de "poli mala", dicho sea de paso.

Y luego encontramos a las antisistema, las odiadoras profesionales de lo que han venido a llamar el "Régimen del 78", que resultan ser la ex vicepresidenta del gobierno Irene Montero, y la ex ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Estas dos señoras, viéndole ya las orejas al lobo -es decir, previendo la catarsis que está por venir a un partido herido de muerte, y más concretamente lo que les espera a los que viven del carajo a costa del partido- se han arrojado a calzón sacado (perdón) contra Adolfo Suárez.

Belarra exige la retirada de todos los reconocimientos al difunto expresidente Suárez al darle verosimilitud a una denuncia de "agresión sexual" respecto de unos hechos presuntamente realizados por aquél en la década de los ochenta -por tanto ya prescritos-, al margen de que no cabe el ejercicio de acciones penales contra una persona ya fallecida. Así, solicita suprimir su nombre del aeropuerto de Madrid-Barajas, quitarle los bustos, cuadros y cualquier otro reconocimiento, sin dudar un segundo en llamar “agresor” a Suárez.

Tal cual que la anterior se ha manifestado en sus RRSS la señora Montero, que alude a la "fortaleza y valentía" de la presunta agredida, cuyo relato da por válido como método para denunciar el silencio que impone el sistema a las víctimas al tiempo que aprovecha para criticar al gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, enemiga principal de todo lo que sea la izquierda verdadera.

Lógicamente, me asquea y repugna todo esto. Y lo hago como jurista y sin referirme a la denunciante. Desconozco si lo que manifiesta en su denuncia es verdadero o no, si responde a unos deseos u otros; no es mi trabajo admitir o rechazar ese escrito. Lo que me repele profundamente como demócrata centrista confeso que soy es que pueda enmerdarse a quien sea, en cualquier momento, sin pruebas, sin juicio y sin sentencia, porque conviene a mi causa.

Esto no tiene cabida en un estado de derecho. Y lo que sí lo tiene es el derecho de protección al honor del fallecido por parte de sus herederos, que no sé si lo ejercerán o no, con objeto de evitar que la peste se siga extendiendo o que salga a la luz alguna prueba o testimonio que damnifique más aún a Adolfo Suárez. El ajusticiamiento de brujas o vampiros en la plaza del pueblo por parte de turbas enrabietadas hace tiempo que está proscrito. Pero la inquisición de género no pierde el tiempo: ataca, veta o cancela a quién opine o piense distinto. Y si no, que le pregunten a Juan Soto Ivars.