1823, la tragedia de un ministro que se quitó la vida en Cádiz

El 20 de junio de 1823 el ‘Diario Mercantil’, remitiéndose a un sucedido del día anterior ocurrido en Cádiz, anunciaba escuetamente que el ministro de la Guerra, Estanislao Sánchez Salvador, “amaneció degollado en su cuarto con una navaja de afeitar ayer por la mañana”.

Cuáles pudieron ser los motivos, como desgraciadamente ocurre en estos casos, que llevaron al infortunado ministro a tomar tan dramática decisión, nunca lo sabremos realmente. Sí, en cambio, podemos exponer las angustiosas dificultades por las que atravesaba España entonces y, en concreto, los graves problemas que le incumbían a él como máximo responsable de su Ministerio. El 20 de marzo anterior, según lo dispuesto por las Cortes, se había decidido que la familia real saliera de Madrid con destino a Sevilla ante la invasión de España por las tropas de la Santa Alianza, Los Cien Mil Hijos de San Luis, mandadas por el duque de Angulema. En realidad, se trataba de una fuerza de intervención en torno a unos 60.000 efectivos, mayoritariamente franceses, que las potencias de la conservadora Europa del momento habían decidido enviar a la Península con el propósito de reponer a Fernando VII como monarca absoluto. Era un flagrante atentado, no solo ya contra la soberanía nacional, sino, también, contra su sistema político que no era otro que una monarquía constitucional desde 1820. España, con su sistema de libertades y la progresiva aparición de corrientes políticas cada vez más radicalizadas, que pretendían, incluso, una reforma de la Constitución de 1812 entonces vigente otra vez, se había convertido en una ‘rara avis’ para la reacción europea, que consideraba dicho sistema como una intolerable provocación.

Conforme estas tropas iban avanzando hacia el sur, en medio del desconcierto general y la defección de muchos altos mandos del Ejército español, como el general Ballesteros, el Gobierno se instaló en Sevilla junto con el monarca y las Cortes, adonde llegaron el 10 de abril. Se formó entonces un Ejecutivo de crisis a cuyo frente figuró José María Calatrava, prestigioso jurista, ex diputado de las Cortes de Cádiz, y considerado un hombre de consenso entre las, cada vez más enfrentadas, facciones políticas. La propaganda internacional así como los influyentes sectores realistas dentro de España trataban de presentar al Rey prácticamente prisionero de sus propios ministros y, aunque había una parte de verdad, lo cierto es que Fernando VII seguía siendo tratado con gran deferencia y respeto, a pesar de las fuertes y permanentes tensiones. En semejante situación, con noticias cada vez más alarmantes, Sánchez Salvador comunicó oficialmente desconocer el despliegue de las tropas francesas por el territorio nacional, no sabiendo, incluso, cual era realmente su número. Para ello alegaba que el duque de Angulema, en connivencia con los absolutistas españoles, había diseñado un plan de despiste y desinformación tan complejo, que resultaba imposible obtener el conocimiento debido.

El repliegue a Cádiz

Como es de suponer, tales afirmaciones no hicieron más que aumentar el temor de un Gobierno cada vez más desbordado por los acontecimientos y con casi nula capacidad de acción. En esta línea, creyendo Sánchez Salvador a los franceses aún en la Mancha, llegaron noticias de que ya controlaban Despeñaperros y continuaban su avance sin grandes contratiempos. Cundió el pánico, ordenándose sin demora alguna seguir hasta Cádiz, plaza fuerte de difícil acceso para el enemigo. Para colmo, Inglaterra, aunque simpatizaba más bien con la causa constitucional española, siguiendo su astuta política de verlas venir, decidió no intervenir a favor de ningún bando. Tan solo hubo un amago de ayuda, más fruto de la iniciativa privada que oficial, pues para los ingleses esta situación era un asunto básicamente ‘europeo’, que poco o nada afectaba a sus intereses. Sus miras se dirigían más bien a las nacientes repúblicas hispanoamericanas, recién separadas de España, en las que vislumbraban factores comerciales y estratégicos que atender.

Fue entonces cuando se planteó una espinosa cuestión al negarse en rotundo el Rey a proseguir el viaje, insistiendo en que no se movería de Sevilla. Ante esta firmeza regia, no le quedó más remedio al Gobierno que acudir al artículo 187 de la Constitución, que declaraba incapacitado al monarca en caso “de impedimento moral”. Cierto es que, si seguía en Sevilla, caería en manos de los franceses, pero se daba la paradoja de que eso era lo que exactamente quería Fernando VII, permanecer allí y ser ‘liberado’ por Angulema.

Esta drástica interpretación de la Constitución causó un fuerte malestar en buena parte de los liberales, que la juzgaban demasiado atrevida y hasta arbitraria, figurando entre ellos el propio Sánchez Salvador, considerado como un “liberal tibio”. Con todo, el ministro ya estaba en Cádiz el 14 de junio y, justamente dos días después, llegó a la ciudad Fernando VII con su familia y gran parte de lo que llamaríamos el aparato del Estado. Cumplido este forzoso traslado, de inmediato el Rey fue repuesto de nuevo en todas sus funciones. A partir de aquí estuvo alojado durante tres meses y medio en el Palacio de la Aduana, actual Diputación Provincial.

Estupor y recelo

Con apenas cinco jornadas de estancia en Cádiz, Sánchez Salvador se quitó la vida. Tenía 47 años, era mariscal de campo y antes de ser nombrado ministro estaba al frente de la Inspección General de Infantería. Como mero detalle personal, digamos que el 19 de enero de 1812 había solicitado en Cádiz casarse con Luciana María Irazábal.

Cuando sus ayudantes, suponemos que atónitos, descubrieron el cuerpo inerte en su gabinete a primeras horas del día 18 de junio, encontraron una nota que rezaba así: “La vida se me hace cada día más insoportable y el convencimiento de esta verdad me arrastra a tomar la honrosa resolución de terminar mi existencia por mis propias manos. El único consuelo que puedo dejar a mi apreciable mujer, a mis queridos hijos y amigos sobre esta terrible determinación, es la de que bajo al sepulcro sin que la conciencia me acuse de haber cometido jamás ni crimen ni delito alguno. Noche del 17 al 18 de junio de 1823”. Como posdata, seguida de su propia rúbrica, añadía que “pienso ejecutar este atentado con una navaja de afeitar, lo que declaro para que de ningún modo se pueda inculpar a nadie de delito”. El juez, tras levantar el debido acta de lo sucedido, entregó una copia de esta nota al Gobierno para que tuviera constancia de ella.

En cuanto a las reacciones, el diputado gaditano Antonio Alcalá Galiano, de gran protagonismo esos días, en sus ‘Memorias’ calificó aquello de “trágico suceso que llenó de horror y lástima a todos”. Tildó la nota que dejó de “carta incoherente e innecesaria”, habida cuenta de que no le hacía falta ninguna justificación, “como si hubiese quien de ella dudase “. Incluso, no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra los enemigos del sistema constitucional, empeñados, según él, en interpretar su suicidio como un acto de desesperación ante una situación insostenible. Por su parte, el jefe del Gobierno, Calatrava, en sus ‘Apuntes’, en un intento de querer transmitir algo de calma, anotó que, aunque el ministro era de carácter “melancólico e irritable”, el día anterior lo había encontrado “tranquilo y agradable”, resistiéndose, como queriendo sugerir otras circunstancias, a achacar a motivos estrictamente políticos su fatal desenlace.

Mucho más elocuentes y, también, más comprometidos ideológicamente que el ‘Diario Mercantil’, fueron otros periódicos de Cádiz. Así, en ‘El Constitucional Gaditano’, liberal exaltado, se podía leer: “Parece que (Sánchez Salvador) ha querido decirnos con su muerte que no quisiera comprometer a los que tal vez le comprometieron y viven disfrazados entre nosotros”. Más lejos en sus deducciones llegó Félix Mejía, redactor de ‘El Zurriago’ y bastante crítico con el liberalismo moderado, quien prestándose a un rumor nada probado, escribe que “Su Majestad le amenazó de muerte” y que “agobiado por los remordimientos por el mal que había causado al Estado, se degolló en Cádiz”. Bien es verdad que, luego en sus ‘Retratos Políticos’, publicados en Filadelfia en 1827 bajo el pseudónimo de Carlos Le Brun, matizaría no saber qué le llevó al suicidio, “si la desesperación de poder hacer el bien, o lo que le podrían haber inspirado las imputaciones malignas”.

Desde el punto de vista anticonstitucional, todo se debió a una ofuscación del ministro ante la magnitud de los acontecimientos y el sentir, en su fuero interno, que había traicionado al Rey. En relación con la aplicación de aquel controvertido artículo 187 de la Constitución, el abate Miñano escribiría que, aunque siempre había sido un militar de honorable conducta, incurrió en la debilidad de conservar su cartera ministerial “después del atentado de las Cortes contra la dignidad real, no pudiendo sobrevivir a una falta tan grave”.

Sea como fuere todo aquello, llama poderosamente la atención que tan grave y controvertido suceso no fuera llevado a las Cortes y que ningún diputado se interesara parlamentariamente tampoco. En cuanto a Cádiz, sin ninguna ayuda exterior, aquel verano de 1823 aguantó todo lo que pudo un nuevo asedio cuyo desenlace sería, esta vez sí, la rendición a los franceses el 1 de octubre de 1823. Comenzaba la decadencia de una ciudad que había perdido, a partir de aquí, gran parte de su protagonismo político y económico.