Taxistas de toda la provincia de Cádiz se han manifestado esta mañana ante la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para exigir que se tomen medidas inmediatas dentro del conflicto que afecta a este sector con los VTC de empresas como Uber o Cabify. 

Los taxis han tomado gran parte de la plaza de Asdrúbal para hacer visible su malestar con la Administración andaluza al no hacer caso a las reclamaciones de los taxistas. Así, en una declaración, este colectivo asegura que su objetivo es "obtener una regulación equilibrada del sector de los vehículos con conductor (VTC) que posibilite tanto la coexistencia pacífica y ordenada de ambos servicios como el mantenimiento del servicio público de interés general del taxi y sus trabajadores, y una regulación eficiente del sector del taxi".

Para ello, entre las exigencias del sector se encuentran que se modifique la ley andaluza con la intención de que se regule "eficazmente las autorizaciones VTC", de manera que se establezcan "unas normas claras que distingan los servicios de VTC y taxis". Otra de las reivindicaciones es "la adecuación de la flota de VTC a las necesidades reales de la demanda y ciñéndola a la precontratación de servicios".

Otro aspecto en el que inciden los taxistas es en la digitalización "de la inspección para controlar eficazmente las invasiones de mercado ajeno y garantizar la sostenibilidad medioambiental de los servicios". Asimismo, el sector también quiere que se reserven "carriles y zonas restringidas" al considerarse como "un servicio de interés general". Por último, también reclama "aplicar a las VTC controles sobre jornadas y aspectos relativos a la seguridad vial". 

Por todo ello, los taxistas exigen a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y a su Presidencia que actúe "de manera inmediata en una regulación eficaz de estas dos modalidades de transporte o a atenerse a las negativas consecuencias para todos que ello puede implicar". 

En su declaración, el sector del taxi echa la culpa a la Ley Ómnibus de 2009, en la que se produjo "la liberalización absoluta del servicio de arrendamiento con conductor" a partir de las licencias VTC, creándose un vacío "hasta que se volvió a reglar su otorgamiento en 2015 y sujetar por ley la proporción de un VTC por cada 30 taxis en 2018".

Así, segun los taxistas, la existencia de 2.464 vehículos con licencia VTC en Andalucía "ha provocado cuantiosos daños económicos a los taxistas andaluces y también ha producido un deterioro del sistema de transportes en nuestra región". 

Este colectivo denuncia que se está produciendo "la actuación de sistemático incumplimiento de las VTC de la normativa que les afecta, y la continua invasión de las reservas de mercado del taxi como servicio público de contratación directa en parada y calles". Así, achaca los conflictos que se están produciendo a la actuación de "los poderes públicos, que como encargados de velar por el mantenimiento y rentabilidad de los servicios públicos han desatendido sus obligaciones". 

Junto a esto, también se queja de que el sector no ha podido ofrecer "las soluciones tecnológicas y las mejoras de servicio" debido a que la legislación del taxi "está encorsetada" y "en muchos aspectos está obsoleta". Por ello, pide una regulación "eficiente" que permita un "beneficio mutuo".