Los rectores de 75 universidades españolas exigieron ayer al Gobierno de España que acabe con las "medidas excepcionales" que afectan al estudio, la actividad docente y la investigación. Se han cumplido ya dos años de la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2012, de "medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y afectó a los precios públicos y a la organización de la actividad docente, como recordaron ayer los rectores, con la lectura de un comunicado en esas 75 universidades españolas de manera simultánea.

La Conferencia de Rectores de España (CRUE) -que engloba a 50 campus públicos y 25 privados- considera que si el Gobierno ha decretado el fin de la crisis y el inicio de la recuperación, Educación debería revocar esas duras medidas que, según decía el Real Decreto-Ley, eran "excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento". "Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen", leyó ayer el máximo representante de la Universidad gaditana, Eduardo González Mazo, en el salón de actos de la Facultad de Ciencias, en el campus de Puerto Real.

Los rectores denuncian que los Reales Decretos sobre becas han cambiado "su naturaleza de derecho" por la de "una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan". Asimismo, critican que en los últimos años se hayan restringido también los criterios de concesión de las ayudas Erasmus.

En investigación, el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno y por algunos gobiernos autonómicos han comportado "un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación". Y rechaza la CRUE que la I+D+i sea entendida como un gasto y no como una inversión.

"Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo". Asimismo, apuntan que las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se han llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión".

El comunicado de la CRUE fue leído ayer en los cuatros campus de la Universidad de Cádiz por miembros de su comunidad. El rector lo leyó en el campus de Puerto Real, y al término realizó declaraciones a este medio: "Las universidades vienen haciendo un esfuerzo muy importante desde la aplicación de los recortes derivados del RD 14/2012; y los rectores consideramos que la situación es ya límite y que hay que buscar una solución para poder seguir hacia adelante". Añadiendo que ya están "seriamente dañados" campos como el de la investigación universitaria.

Eduardo González Mazo expuso que la CRUE pide al Gobierno que deje trabajar a las universidades "con la estabilidad con la que siempre hemos trabajado y con la responsabilidad que cada universidad tiene como organismo autónomo". Y esta petición llega ahora no sólo ante las afirmaciones del inicio de la recuperación económica en España, sino porque "la situación de las universidades es cada vez más complicada con el mantenimiento de estas medidas. Con estas restricciones, no podemos planificar nuestro futuro".