"Me siento como una fugitiva", dice Juana (nombre ficticio), que llega a nuestra cita temblando. "Vengo todo el camino con la cara tapada para que no me reconozcan. Es como si hubiese cometido un delito, aunque creo que he hecho lo correcto". Juana tiene motivos para estar asustada. El pasado viernes debería haber entregado a su nieto -cuya acogida familiar ostenta provisionalmente hace dos años- al Servicio de Menores de la Junta de Andalucía. Pero no lo hizo. Y desde entonces está escondida con el niño. En paradero desconocido. No sin antes denunciar su caso ante la Justicia.

Esta historia comienza en 2015, cuando un hijo de Juana y su mujer se trasladan a vivir a su casa. Su nuera se ha quedado embarazada. La pareja no tiene muchos recursos. Lo que sí tiene son serios problemas con las drogas. A los tres meses de nacer el pequeño, la Junta de Andalucía concede a la abuela paterna la acogida provisional de su nieto. A partir de ese momento, es ella la que cría al niño.

"Para cuidar a mi nieto le dije a mi propio hijo (toxicómano) que tenía que marcharse de casa"

"Cuando la Junta me otorga la custodia de mi nieto, me pone un requisito: que mi hijo toxicómano -el padre de la criatura- no viva en el mismo domicilio. Y cumplí con lo que me pedían. Le dije a mi propio hijo que tenía que marcharse de mi casa. Él tenía entonces 28 años. Podía buscarse la vida. Mi nieto sólo tenía tres meses y necesitaba que alguien lo cuidara. Y esa era yo", relata Juana.

Durante el tiempo en el que la abuela ha ejercido la tutela del menor, la administración autonómica -dice- le ha exigido otros requerimientos: "Me dijeron que inscribiese al chiquillo en una guardería. Y lo hice. También me advirtieron de que debía cambiarme de casa a otra que tuviera más habitaciones. En la que yo residía sólo había una, así que me mudé". Juana asegura que ha hecho todo lo que le han solicitado, "todo lo que sea lo mejor para mi niño".

Hoy, dos años después, la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales ha acordado declarar a Juana como persona "no idónea" para mantener la acogida provisional del menor. Esta decisión desfavorable se basa a su vez en un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz en el que se recogen diferentes parámetros de evaluación.

El informe expone que el pequeño se encuentra en perfecto estado de salud y que interactúa y se relaciona con los demás con normalidad; es "un niño risueño", especifica. Ese mismo estudio subraya que la abuela ha manifestado su intención de cuidar del menor el tiempo que haga falta, si bien también ha dejado patente su deseo de que los padres del niño se recuperen cuanto antes de su drogodependencia para que puedan hacerse cargo del chico.

A pesar de esta valoración positiva, el análisis de Servicios Sociales pone la lupa en dos circunstancias que repercuten negativamente en la tutela provisional que hasta la fecha ha ejercido la abuela. De un lado, destacan las escasas habilidades educativas de Juana. De otro, el fuerte vínculo que ésta mantiene con su hijo drogadicto.

"Yo estudié hasta sexto de EGB", replica la abuela al ser cuestionada por sus métodos educativos. "He criado a tres hijos lo mejor que he podido. Igual que con mi nieto". En este punto, la mujer echa en falta que la Junta no le hubiese ofrecido asistir a un taller de padres.

Respecto al fuerte vínculo afectivo entre madre e hijo, Juana se siente, en cierta medida, impotente: "Claro que tengo contacto con mi hijo drogodependiente. ¿Qué hago? ¿Lo dejo que se muera de una sobredosis?".

Juana desea, por encima de todo, seguir cerca de su nieto. Por eso presenta unas alegaciones a la decisión de la Junta de cesarla como tutora provisional del menor. En otros aspectos, Juana propone que se valore a la abuela materna (con la que mantiene encuentros frecuentes para que también disfrute de su nieto) como posible familiar que puede tutelar al niño.

"Ni contestan a mis alegaciones por escrito ni se practican las pruebas requeridas a los abuelos maternos", comenta Juana. "Simplemente me dicen que lleve al niño con sus cositas al Servicio de Menores, que ya lo está esperando una familia de acogida".

La abuela dice que en ese momento se hunde. "Yo no puedo vivir sin mi nieto. Lo he tenido conmigo desde que tenía tres meses. Desde antes incluso, cuando estaba en la barriga de la madre". Juana ve una única salida: interponer una demanda en el juzgado en la que anuncia su oposición a la resolución de la Junta de Andalucía. En esa demanda, solicita como medida cautelar que el pequeño permanezca con ella. Pero agosto es un mes inhábil judicialmente y, aunque el asunto es urgente, de momento no ha obtenido respuesta.

"Como entregues al niño, lo pierdes. Una vez que le asignan una familia de acogida es muy difícil que te lo devuelvan, me aseguraron", señala la abuela, que finalmente decidió no entregarlo. Hizo las maletas y se marchó de su domicilio habitual. Huyó. La Policía Autonómica intentó localizarla sin éxito el pasado lunes en su casa y en la casa de su madre (la bisabuela del niño).

"Tengo mucho, muchísimo miedo, pero siento que he hecho lo que tenía que hacer", concluye Juana.