Tribunales Cádiz

Arranca en la Audiencia de Cádiz el juicio por el caso Santa María

  • Un tribunal popular deberá decidir si cuatro agentes de la Policía Nacional son culpables o inocentes de la muerte de un hombre durante su detención en el céntrico barrio gaditano el Sábado Santo de 2015

Zona del barrio de Santa María donde sucedieron los hechos.

Zona del barrio de Santa María donde sucedieron los hechos. / Fito Carreto

Este martes arranca en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio con jurado por el caso Santa María, una vista en la que el tribunal popular deberá decidir si cuatro agentes de la Policía Nacional son culpables o inocentes de la muerte de Juan Antonio Martínez, un hombre natural de Albacete que falleció el 4 de abril de 2015 frente a la iglesia del barrio Santa María de Cádiz tras ser reducido por esos cuatro agentes a los que previamente atacó y lesionó con un destornillador.

En el conocido como caso Santa María, la familia del fallecido sostiene que los agentes se sobrepasaron durante su intervención y por eso los acusan de un delito de homicidio. De otra parte, los policías plantean que actuaron en legítima defensa y en el cumplimiento del deber de sus funciones, dos eximentes que los exonerarían de cualquier responsabilidad penal. La Fiscalía, por su parte, respalda la postura de los policías encausados.

La familia de Juan Antonio pide para cada uno de los agentes 15 años de prisión, la pena máxima por cuanto aprecia dos agravantes, el de abuso de superioridad y el de prevalimiento de su cargo, mientras que la acusación pública, las defensas y el abogado del Estado solicitan la absolución de los procesados.

La sala de vistas donde tienen lugar habitualmente los jurados de la Audiencia de Cádiz ya cuenta con medidas anti-Covid para garantizar la seguridad y la salud de todas aquellas personas que participan, de una forma u otra, en estos juicios, donde la afluencia es mayor al contar con un tribunal popular.

En la mañana del pasado lunes ya se constituyó el tribunal popular tras el proceso de elección y recusación habitual en estos procedimientos. 

A principios de 2016, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, encargado de la investigación inicial, decidió archivar este asunto, previa petición del fiscal. La magistrada titular del órgano, Carmen Fornell, estimó entonces que los policías que este martes se sientan en el banquillo actuaron en legítima defensa, sin "exceso" y en cumplimiento de las funciones propias de su cargo.

Los familiares del fallecido recurrieron este sobreseimiento y la Audiencia de Cádiz les dio la razón. A finales de 2016, el tribunal de la Sección Tercera optó por reabrir el caso Santa María y ordenó practicar más pesquisas para esclarecer la muerte de Juan Antonio Martínez durante su detención policial la madrugada del Sábado Santo de 2015 en el barrio de Santa María de Cádiz. De ahí que el asunto haya desembocado en un juicio. 

Los cuatro agentes implicados han manifestado a lo largo de todo el proceso de instrucción que su actuación la noche de los hechos fue en legítima defensa, "una cuestión de vida o muerte". Todos han coincidido en apuntar que, tras recibir la llamada de un vecino, se personaron en la inmediaciones de la iglesia Santa María sobre las cinco de la mañana del aquel Sábado Santo. Allí apareció Juan Antonio con un punzón en la mano y se abalanzó sobre uno de los policías para clavárselo, si bien éste llevaba el chaleco de seguridad. Los funcionarios han testificado igualmente que entre los cuatro no podían con él, ya que su actitud era sumamente violenta, por lo que tuvieron que reducirlo empleando la fuerza. Los policías han explicado que fue durante la maniobra de reducción cuando el supuesto agresor dejó de respirar y falleció.

La familia de la víctima ha defendido que la intervención policial de esa madrugada fue desproporcionada. Para sostener esta tesis se basan, sobre todo, en las conclusiones del informe de la autopsia, donde los médicos forenses especifican que la muerte de Juan Antonio fue de "origen violento" y señalan "como causa fundamental una hemorragia subdural postraumática como consecuencia de acciones contusas en el cráneo". El informe subraya además el elevado número de lesiones que se contabilizaron en el cadáver, concretamente 32, siendo producidas la mayoría por un objeto contuso.

Al tiempo de ocurrir los hechos, especifica la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, Juan Antonio padecía un trastorno bipolar, no seguía el tratamiento médico y mantenía un alto consumo de cannabis.

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