AIG se reúne con las trabajadoras de limpieza de los colegios públicos ante su situación de precariedad y la ausencia de pliego

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha mantenido este miércoles una reunión con el comité de empresa de las más de 60 trabajadoras de limpieza de los colegios municipales de Cádiz, quienes han trasladado su profunda preocupación por la situación de precariedad laboral que padecen y por la falta de información sobre el nuevo pliego de condiciones que debe licitar el Ayuntamiento de Cádiz.

Durante el encuentro, las trabajadoras han denunciado que el contrato del Ayuntamiento gaditano con la empresa Limasa finalizó el 1 de abril de 2025, y han manifestado su inquietud ante el silencio del equipo de Gobierno respecto al nuevo pliego, cuya licitación debe recoger las mejoras laborales que se acordaron en el acto de mediación celebrado en el SERCLA el pasado año.

El portavoz de AIG, David de la Cruz, y el concejal Carlos Paradas han mostrado su respaldo a las reivindicaciones de las trabajadoras y han subrayado la necesidad de que el nuevo pliego incluya “de manera clara y efectiva” los compromisos alcanzados en el SERCLA, garantizando “la estabilidad laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y la calidad del servicio en los centros educativos públicos de Cádiz”.

Así, la coalición de izquierdas reclama al Gobierno local “transparencia e información” tanto para las más de 60 trabajadoras afectadas como para la ciudadanía, así como “agilidad” en la licitación del contrato, para así evitar que “la incertidumbre y la precariedad sigan siendo la norma para un colectivo esencial para el funcionamiento diario de los colegios públicos”.

En el caso de que no se produzcan novedades en las próximas semanas, AIG elevará una moción al Pleno ordinario de febrero para exigir al alcalde y, especialmente, a sus ediles delegados de Educación, José Manuel Verdulla, y de Personal, Maite González, que “espabilen y trabajen sin más dilación en el nuevo pliego, en beneficio tanto de los derechos laborales de estas trabajadoras como de unos servicios públicos dignos que afectan directamente a nuestros menores”, apunta Paradas.