Un convenio con una partida económica que debiera haberse tramitado como subvención pero que se solicitó como contrato menor; un rotundo informe de Intervención que en apenas seis párrafos, en un solo folio, refleja hasta siete llamadas de atención por irregularidades y deficiencias en la presentación de la factura. El despropósito parecía no poder ser mayor... pero lo es. Después de conocerse el reparo de Intervención a la propuesta de contrato menor para la celebración de unas jornadas provinciales organizadas por el Colegio Profesional de Diplomados de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Cádiz, ha sido esta propia entidad la que ha mostrado su sorpresa.

La presidenta del colegio profesional, Pilar Tubío, ha asegurado no tener conocimiento de esa tramitación ni de esa colaboración económica. “El colegio no ha cogido ni un solo euro del Ayuntamiento. Hemos organizado nosotros las jornadas y las hemos pagado nosotros”, ha asegurado tajante y sorprendida la representante de este colectivo que los pasados 3 y 4 de mayo organizó en el Palacio de Congresos la primera edición de las jornadas provinciales Nuevas perspectivas para los Servicios Sociales.

Tubío asegura que en ningún momento el colegio de Trabajo Social firmó contrato alguno con el Ayuntamiento, ni está a la espera de partida económica ninguna en relación a esas jornadas ni a ninguna otra. Realidad que contrasta de lleno con la propuesta de contrato menor que Intervención paralizó y que iría a parar a ese colegio profesional para financiar las jornadas –como publicaba este periódico en base al informe de la Intervención Municipal firmado el pasado mes de abril–. “El error habrá sido por un tema administrativo de la delegación de Asuntos Sociales o cualquier otra cuestión interna del Ayuntamiento, pero el colegio profesional no tiene nada que ver”, insistió Pilar Tubío.

Sí reconoce la presidenta, lógicamente, la existencia de un convenio marco entre su colegio y el Ayuntamiento, y de otro convenio que se redactó (sin firma, según señala Intervención en el informe) para el desarrollo de estas jornadas “pero en el que no aparece ningún dinero que el Ayuntamiento tuviera que darnos ni nada parecido”. “Todo el coste de la jornada fue cubierto con nuestros fondos” y por medio de esa cuota de inscripción que se fijó en 35 euros. “Lo que el Ayuntamiento sí hizo en su momento fue ofrecer el Palacio de Congresos como sede de las jornadas, pero incluso después tuvimos que solicitar alguna sala más cuyo alquiler costeó el colegio profesional”, explica Tubío, ajena a la situación administrativa que las jornadas provinciales ha generado en el Consistorio.

Esta situación, no obstante, contrasta con el informe que el director técnico de Asuntos Sociales emitió en el mes de junio (ya celebradas las jornadas) y donde aseguraba que “el diseño del programa de ponencias, el formato que adopta, el lugar de celebración, la asignación de las distintas tareas dentro de la organización del evento... han sido objeto de múltiples reuniones al mayor nivel” entre Ayuntamiento y colegio profesional, indicando que la fórmula del contrato menor es la que la delegación municipal propuso “por ser de más fácil tramitación”.

Conviene recordar que esa propuesta de contrato menor ha quedado en suspenso hasta la fecha, al elevar Intervención informe de reparo por una serie de irregularidades, como “establecer únicamente obligaciones a cargo del Ayuntamiento”, establecer el convenio marco entre la administración local y la entidad profesional que la cesión de espacios “no puede suponer coste alguno para el Ayuntamiento”, o aparecer los documentos (el informe que acompaña a la propuesta de contrato y el convenio entre las partes) sin firma, entre otros motivos.

“Con el colegio profesional no ha habido ningún contrato menor, no hemos recibido nada, ni hemos negociado contrato con ellos, ni el convenio tenía ninguna cantidad económica asignada”, ha querido aclarar la presidenta de Trabajo Social, Pilar Tubío.