La factura reparada por Intervención que en teoría iba a destinarse al colegio de Trabajadores Sociales para costear las jornadas que se celebraron en mayo, pero de la que el colegio profesional ha asegurado en boca de su presidenta no tener conocimiento puede servir perfectamente de ejemplo de la situación que está viviendo el Ayuntamiento en relación a este asunto. Y lo peor es que no es sólo el único ejemplo. La última edición del programa cultural Cádiz en Danza ha sufrido también las consecuencias de esas tramitaciones de contratos menores que están encontrando la oposición de Intervención por no ajustarse a lo que dicta la norma. Intervención ha dejado en suspenso una factura que asciende a 13.915 euros y que corresponden al servicio técnico audiovisual y de sonorización que necesitó ese Cádiz en Danza. Y los argumentos esgrimidos en el informe ponen de manifiesto varias cuestiones.

En primer lugar, llama la atención que este contrato se adjudicó el 7 de junio, un día después de que comenzara Cádiz en Danza (que se desarrolló del 6 al 9 de ese mes) y, por tanto, de que empezara a prestarse ese servicio contratado. Una situación ésta que recuerda a lo que ocurrió la pasada Navidad con la instalación de la pista de hielo en la plaza de San Antonio, cuya tramitación se realizó con posterioridad al montaje e incluso apertura de la atracción.

“Los servicios requeridos se prestaron entre los días 6 a 9 de junio, sin que haya sido adoptado el preceptivo acuerdo de adjudicación por el órgano competente, que considerando la cuantía del contrato así como la distribución de competencias que contienen las instrucciones de tramitación de contratos menores, correspondía a la Junta de Gobierno Local”, advierte también Intervención en relación a la tramitación de este contrato menor. Es decir, que se adjudicó por un órgano (la delegación de Teatros) que no tiene competencias para firmar un contrato de este calibre.

Por último, la labor de fiscalización de este área municipal determinó “que con el importe y adjudicatario propuesto se estaría de forma acumulativa vulnerando el límite establecido”, lo que conlleva “la suspensión del procedimiento”.

Al hilo de esto, recuerda Intervención que tras la entrada en vigor de esa nueva ley de Contratación del Sector Público (el 9 de marzo de este año) los contratos tienen la consideración de menores cuando su valor no supere los 15.000 euros en suministros o servicios, o los 40.000 euros en caso de obras. Y que a la hora de justificar el expediente debe asegurarse “que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen esas cifras”.

Cuestión que no se ha cumplido en el caso de este servicio, adjudicado formalmente con el Cádiz en Danza ya empezado (por un importe final de 12.463 euros) y por una delegación a la que le superaba esa competencia. 

Al igual que en el caso del convenio con el colegio de Trabajadores Sociales, este contrato se encuentra en el bloque de reparos de Intervención que no han sido levantados mediante decreto del alcalde.