Tranquilidad, reclamaba el alcalde en relación a los numerosos informes de reparo que estaba emitiendo Intervención y cuyo montante económico ya supera los seis millones de euros, según informaba este periódico esta semana. Todo lo contrario a tranquilidad es lo que se respira en la oposición. Tanto Partido Popular como Ciudadanos han insistido en la gravedad de los hechos que se vienen produciendo en relación a las contrataciones municipales.

El Partido Popular ha exigido al alcalde, José María González, “explicaciones urgentes” en relación al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Colegio Profesional de Diplomados de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Cádiz, “al que Intervención señala hasta siete irregularidades”. “Es la propia Intervención la que plantea que estamos ante una subvención disfrazada de convenio”, denuncian los populares, que también señalan como grave el hecho “de que en hasta tres ocasiones se haya intentado por parte de Servicios Sociales burlar los controles de Intervención para conceder una subvención a esta entidad”.

“El alcalde tiene que dar explicaciones convincentes y de manera urgente sobre un caso en el que se ha intentado burlar el trámite legal del Ayuntamiento para favorecer a una entidad que preside un familiar de una concejala”, ha afirmado el concejal José Blas Fernández, que seña a José María González como “el último responsable de este intento de beneficiar a unos con dinero público disfrazando subvenciones con convenios o contratos menores en lo que supone una chapuza más de la gestión de Podemos en esta ciudad”.

Como una “irregularidad gravísima” ha tachado Ciudadanos, por su parte, lo que está ocurriendo con las contrataciones del Ayuntamiento. “Todo lo que concierne a la Contratación Pública está regulado ahora con criterios establecidos en directivas europeas basados inexcusablemente en la libre concurrencia, principio sagrado en la contratación pública. Y aquí lo que se está haciendo es contratar servicios de diversa índole sin libre concurrencia, sin publicidad y sin contrato. Eso es una irregularidad legal de gran calado, que puede traer consecuencias de naturaleza administrativa, contable y eventualmente también penal”, ha explicado el portavoz de esta formación, Juan Manuel Pérez Dorao.

Ha mostrado Ciudadanos su sorpresa por la elevada cuantía de los reparos de Intervención, alertando de que en base a los decretos del alcalde “se están pagando cantidades millonarias en contra del criterio del interventor, que dice que se está haciendo eso al margen de la ley”. “Y la excusa no puede ser que hay que seguir prestando el servicio; eso es evidente, pero hay que hacerlo en base a la ley”, ha añadido.

Pérez Dorao ha recordado que la oposición lleva tiempo denunciando la situación del área de Contratación y solicitando la información ahora conocida, “lo que afecta al principio de la transparencia”. “Al final esto llega a lo de siempre: no saben gestionar, no tienen conocimiento, experiencia y, sobre todo, ganas”, denuncia el edil.