Sáenz de Santamaría también controlará los servicios secretos

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pasará a depender a partir de ahora del Ministerio de la Presidencia -cartera que ostenta la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría-, y dejará de estar adscrito al Ministerio de Defensa. Así lo establece el real decreto que reestructura los departamentos ministeriales del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en su disposición adicional segunda.

"El Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la ley 11/2002 del 6 de mayo del CNI, queda adscrito al Ministerio de la Presidencia", reza el texto.

Los servicios de inteligencia españoles se desvinculan así del Ministerio de Defensa, del que dependían orgánicamente.

El CNI es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de España las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado y sus instituciones. El servicio de inteligencia español realiza actividades que en otros países están separadas en más organismos, circunstancia que impone una importante tarea de coordinación que, hasta ahora, ha desempeñado la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Falta les hará a los trece ministros, nueve hombres y cuatro mujeres, que forman el primer Gobierno de Mariano Rajoy y que juraron ayer sus cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, veinticuatro horas después de la jura del líder del PP como nuevo jefe del Ejecutivo.

La Reina asistió a esta ceremonia, en el Salón de Audiencias y con la que abre su mandato el trigésimo octavo Gobierno de España -el octavo del PP- desde las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue el primero en jurar ante un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia, situados a ambos lados de un crucifijo, para poder así actuar como notario mayor del Reino y dar fe del juramento de sus compañeros.

Tras él, formalizó el compromiso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría quien, en un lapsus, dijo "jurar y hacer guardar la Constitución" en lugar de "guardar y hacer guardar". A continuación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, como titular del departamento más antiguo, al que siguieron Pedro Morenés (Defensa), Cristóbal Montoro (Hacienda), Jorge Fernández Díaz (Interior), Ana Pastor (Fomento), y José Ignacio Wert (Educación, Cultura y Deporte).

El orden de la ceremonia siguió con Fátima Báñez (Empleo y Seguridad Social), José Manuel Soria (Industria, Energía y Turismo), Miguel Arias Cañete (Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), Luis de Guindos (Economía y Competitividad) y Ana Mato, que prestó juramento en último lugar como titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de más reciente creación.

Todos optaron por la fórmula del juramento frente a la de la promesa, y solo Sáenz de Santamaría y De Guindos lo hicieron únicamente sobre la Constitución, mientras que Ruiz-Gallardón y Wert extendieron la mano derecha sobre la Carta Magna y la izquierda sobre la Biblia.

El nuevo titular de Justicia pronunció la palabra "juro" con la mano izquierda sobre la Biblia, que retiró a continuación para completar la lectura con la derecha sobre el texto constitucional.

De la ceremonia fueron testigos además los presidentes del Congreso, Jesús Posada, y del Senado, Pío García Escudero, así como los del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y el Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar.

Acompañaban además a don Juan Carlos y doña Sofía el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, el secretario general, Alfonso Sanz Portolés, y el jefe del Cuarto Militar, Antonio de la Corte.

Rajoy aseguró tras el acto que ha intentado hacer un Gobierno de gente competente y aclaró que hoy, en el primer Consejo de Ministros que presida, están previstos los nombramientos de gran parte de los 24 secretarios de Estado y directores generales con los que contará el Ejecutivo.