Romaní considera "una barbaridad" que la Junta proteja la Estación Marítima

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Ignacio Romaní, ha salido al paso de la decisión de la Junta de Andalucía de incluir a la Estación Marítima, entre otros siete edificios de la capital, en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Andaluz. Un documento que, como publicó este periódico el pasado sábado, otorga a los edificios una protección que, en principio, impediría su derribo.

En el caso de la Estación Marítima, esta inclusión en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Andaluz choca con los intereses de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que estaba proyectando una ampliación de la actual sede de Capitanía Marítima, en la primera planta del edificio protegido por la Junta.

El responsable de Urbanismo de la capital considera que esta decisión es "una barbaridad", al igual que ocurre con otros edificios que ahora han sido protegidos, como Ibérica Aga o Harinera Villafranquina. "Se trata de edificios que por el tiempo y por el tipo de arquitectura no conllevan implícito ningún valor", afirma Romaní, que cree que la decisión de la Dirección General de Bienes Culturales "conlleva implícita la intención única de arropar la protección de la Aduana". De hecho, el edil del Partido Popular insiste en que el anuncio de la inclusión de ocho nuevos edificios de la ciudad en este catálogo es "una excusa" de la Junta "con el único interés de preservar la Aduana, impedir su derribo y poner a su altura edificios con tan poco valor patrimonial y arquitectónico como los seleccionados para el catálogo".

Considera Romaní que esta protección de cara al futuro que tendrán estos edificios "frena el desarrollo de la ciudad, especialmente al ser edificios que se encuentran ubicados en los centros neurálgicos de la economía local y provincial, como son la Zona Franca y el Puerto de Cádiz". Además, el teniente de alcalde afirma que las empresas Harinera Villafranquina e Ibérica Aga se van a ver perjudicadas "en el momento en el que se planteen una expansión o modernización de sus instalaciones, teniendo en cuenta la intención del Ayuntamiento gaditano de remodelar el recinto exterior de la Zona Franca, con la sana y clara intención de revalorizar el poco terreno que tiene la ciudad, convirtiéndolo en un espacio moderno y generador de empleo".

Por todo ello, Ignacio Romaní ha anunciado que el equipo de gobierno va a presentar alegaciones "a este nuevo sinsentido de los socialistas, porque no es justo que se paralicen actuaciones de la ciudad por el simple hecho de mantener en pie el edificio de la Aduana, que no lleva implícito ningún tipo de catalogación que avalase la protección del mismo".

Precisamente, la Autoridad Portuaria también manifestaba a este periódico la pasada semana que sus servicios jurídicos estaban estudiando cómo afecta la protección a la Estación Marítima y qué alegaciones presentarían al procedimiento legal seguido en la inclusión del edificio en el Catálogo de Bienes del Patrimonio Andaluz. En este sentido, Romaní ha solicitado a la Consejería de Cultural de la Junta que de unas explicaciones "que siempre obvian u omiten" sobre el por qué de la protección de estos edificios "que en cualquier otro punto de la geografía andaluza no conllevarían la más mínima protección".