Entre finales del siglo XX y principios del XXI la Zona Franca de Cádiz estuvo de irse a pique. Dos empresas, Rilco y Quality Food, la primera pública y la segunda participada con una firma privada, acabaron liando a la dirección del Consorcio de la época, tocando de lleno a los dos delegados del Estado que gestionaron el Consorcio en estos años, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, y embarraron la imagen de una sociedad pública nacida a finales de los años 20.

Con la entrada en el gobierno central del PP, llegó a la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, como flamante delegado del Estado.

Rodríguez de Castro no tardó en asumir todas las prerrogativas incluidas en su cargo, que dentro del organigrama de la Administración se acercaba incluso a la de ministro. Coche oficial, personal de servicio en su vivienda y numerosos gastos privados. 

La perla de su gestión fue la creación de Rilco, una empresa centrada en el comercio con Iberoamérica que acabó siendo un fiasco.

Al final, el gestor fue el único condenado en este juicio por un delito continuado de fraude para la obtención de ayudas de las Administraciones Públicas, otro delito continuado de malversación agravada de caudales públicos y un delito de prevaricación administrativa.

En 2013 fue condenado a ocho años de cárcel.

Rodríguez de Castro fue sustituido por Miguel Osuna como delegado del Estado. Era el suyo un perfil radicalmente diferente. Discreto en las formas frente a la suntuosidad de su predecesor, y con el objetivo de limpiar la Zona Franca.

Sin embargo, al poco de iniciar su mandato entra en escena una compañía creada por un empresario gaditano, Manuel García Gallardo: Quality Food, centrada en la comida preparada y que en su momento servirá a muchos centros públicos, sobre todo escolares. Quality era la joya de la corona para el Consorcio, ocupando una posición relevante dentro del propio Recinto Fiscal y que con su expansión ejecutaría una nueva planta industrial que nunca funcionaría como tal.

El caos comenzó con la entrada en el accionariado de la propia Zona Franca, aumentando poco a poco su capital.

La mayor implicación del Consorcio en la firma llevó a la administración a denunciar la viabilidad económica de Quality. Se decide entonces quedarse con la mayoría de las acciones y dejar fuera de la dirección a García Gallardo. A partir de ahí todo se lía y acaba en un largo proceso judicial, del que quedó limpio Miguel Osuna Hasta ahora.