El Pleno de noviembre no era una convocatoria normal. No lo era en la forma, después de que los técnicos entendieran que debía hacerse por la vía extraordinaria al no celebrarse en viernes (para no interferir en la programación del día de la violencia contra la mujer); y no lo ha sido tampoco en el desarrollo, con la mayoría de puntos claves aprobándose por unanimidad y sin mediar siquiera debate previo.

Así ha salido adelante, en primer lugar, la clarificación del PGOU que necesitaba la Junta de Andalucía en relación al proyecto de la Ciudad de la Justicia, permitiendo ahora que se aproveche la edificabilidad de la parcela de más de 39.000 metros cuadrados al 100%, lo que hace viable la construcción de un equipamiento judicial que se antoja más necesario que nunca a raíz del cierre de los juzgados de San José y tras la última polémica con la Diputación a cuentas de la sede de la Audiencia Provincial.

Es de esperar que solventado este trámite, la Junta de Andalucía ponga al fin la directa en relación a este proyecto para ultimar los proyectos (básico y de ejecución) y empezar con la fase de licitación de una obra que se calcula superará los 50 millones de euros.

Sin necesidad de intervenciones de los distintos grupos municipales ha sacado también adelante el equipo de gobierno el plan de discapacidad (con vigencia hasta 2025) y la adhesión municipal a la Red de Ciudades Saludables. Y previo debate ha logrado también su intención de que el Pleno aprobara tanto la modificación de la ordenanza reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida como la aprobación definitiva de la nueva ordenanza del taxi.

Este punto, precisamente, ha sido el que más debate ha generado entre los concejales, que se debatían entre las bonanzas y mejoras de la nueva regulación del sector del taxi y sus puntos negros e incluso la inseguridad jurídica de algún artículo. Así, el debate o la discusión enfrentó un proceso “abierto y participativo” que ha procurado contemplar “la adaptación al reglamento andaluz del taxi, el Medio Ambiente, las personas de movilidad reducida o la mejora del sector” -como ha defendido el responsable municipal de Movilidad, Martín Vila- con una ordenanza “que se quiere hacer sin tener en cuenta al sector del taxi”.

Los concejales han puesto de manifiesto, con sus valoraciones, que efectivamente la ordenanza adolece de cuestiones que no contentan al sector del taxi o a los usuarios y que no están del todo claras o resueltas. Como el hecho de que cada taxista tenga que instalar ahora un geolocalizador en el vehículo (reclamando taxistas y oposición que esa mejora la financie el Ayuntamiento), o la precisión respecto al momento exacto en el que el servicio debe empezar a cobrarse en el caso de que el usuario solicite un vehículo de manera telefónica (para lo que el PP intentó, sin éxito, que se incorporara un cambio en la ordenanza a raíz de la reclamación de Radio Taxi).

Así, con alusiones a los taxistas engañados (como aseguran sentirse) y con la confianza de que una futura actualización de las tarifas (para lo que Vila anunció que ya habían pedido al sector que presente su propuesta) complete la actualización del sector, la nueva ordenanza ha salido adelante gracias al apoyo -una vez más- del PSOE, votando en contra el PP y el concejal Domingo Villero y absteniéndose Ciudadanos.