Rosario Galván Armario, que tenía una pensión no contributiva con un complemento por invalidez, por necesidad de otra persona, tendrá que devolver a la Junta de Andalucía 9.651,07 euros de cada pago que ha recibido desde el 1 de enero de 2018. Este abono se le reclama por haber sobrepasado el límite máximo que puede entrar en la unidad familiar al actualizarse las pensiones tanto de su marido, que es contributiva, como la suya.

Vayamos al origen. En el año 1998 el entonces llamado Centro de Atención a Minusválidos de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía determinó en una resolución que Rosario Galván, que en la actualidad tiene 71 años, tenía un grado total de discapacidad del 86% por problemas de visión. A partir de entonces empezó a cobrar una pensión no contributiva con un complemento del 50% por el grado de invalidez.

Nunca había tenido problemas hasta que el pasado año se produjo una actualización de las pensiones a raíz de la entrada del PSOE en el Gobierno central. Además, este año recibió en el mes de enero una comunicación de la propia Junta de Andalucía que le decía que a partir de ese período pasaba a cobrar 588 euros por la citada pensión no contributiva.

En esa misiva se le enviaba un impreso e instrucciones para que realizase su declaración anual de ingresos en la unidad familiar, que está compuesta por ella misma, su marido y un nieto que tienen a su cargo. Para presentarla tenían hasta el 1 de abril de este año, al igual que aseguran que lo hicieron el año pasado sin que hubiera problemas.

Sin embargo, a mediados de marzo la Junta se puso de nuevo en contacto con ella para “extinguir el derecho a la pensión que tenía establecida” y a devolver todo lo percibido de manera indebida desde el 1 de enero del pasado año, es decir, 15 meses de pensión, dinero que no tiene Rosario Galván.

El cónyuge cobraba en 2018 una pensión contributiva mensual de 1.027 euros que este año ha pasado a 1.083 con la actualización. Entre ambos superaban el máximo establecido en la norma y, por lo tanto, tiene que afrontar la devolución de 9.651,07 euros.

El problema es que esto se ha ido acumulando porque, según señalan, la obligación de la administración de controlar los ingresos que entran en el domicilio recae sobre ellos. En este caso, cuando han revisado han pasado numerosos meses y ahora tienen que devolver un dinero que ya se ha gastado en el día a día de esta familia de pensionistas.

Rosario Galván puso un recurso realizado por un amigo de la familia ante la propia Administración, pero éste no tuvo éxito. El problema es que para llevarlo a la justicia había un plazo establecido que ya ha sido superado. No obstante, lo ha puesto en manos de un abogado, que está estudiando la manera de poder retomar el asunto.

Galván tiene claro que “por una subida de la pensión de 50 euros la mes me han quitado más de 500. Puedo entender que la bajen pero no que me quiten todo y encima tenga que devolver todo el dinero”. La ex pensionista recuerda que cuando recibió la carta de la Junta de Andalucía “ se me subió hasta la tensión”.

Rosario Galván afirma que desde que no cobra la pensión han aumentado las apreturas en su casa, “ya que los gastos que tenemos que afrontar son los mismos”.