La Inspección de Trabajo admite que la provincia de Cádiz presenta un número excesivo de pensiones de incapacidad absoluta en relación con su población, las cuales se han convertido en un "refugio" para los trabajadores por los altos niveles de desempleo. "Es una provincia complicada y es verdad que tenemos muchas incapacidades", ha señalado el jefe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en Cádiz, Eugenio Santa-Bárbara Martínez, en un acto organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta.

El responsable de los inspectores de trabajo en la provincia ha resaltado que cuando no hay alternativas en el mercado laboral, "muchos trabajadores se refugian en recursos del sistema, llamémoslo prestaciones asistenciales, pensiones de incapacidad o jubilaciones anticipadas". Eugenio Santa-Bárbara ha defendido los criterios aplicados en la concesión de estas pensiones a la par que ha incidido en que la clave es que "la provincia sea capaz de ofrecer oportunidades de empleo a todos los trabajadores".

Cádiz es una de las provincias con mayor proporción de incapacidades absolutas en relación con su población. Sin embargo, el número de pensionistas está disminuyendo desde hace año y medio como consecuencia de un endurecimiento de los criterios exigidos y las revisiones a las últimas ayudas concedidas. 

Eugenio Santa-Bárbara se ha referido a este asunto durante una conferencia organizada por el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta en relación con el nuevo registro de jornada. El encuentro, celebrado esta mañana en el hotel Playa Victoria Palafox de Cádiz, con el patrocinio de Cajamar Caja Rural, ha congregado a más de sesenta asistentes, en representación de distintos ámbitos jurídicos, laborales y sociales.

Entre los asistentes, los miembros de la junta de gobierno del Colegio, presidido por José Blas Fernández Sánchez; el director territorial de Cajamar Caja Rural en Andalucía Occidental y una amplia representación de profesionales, despachos y representantes de la administración.

José Blas Fernández ha señalado en la presentación del encuentro que “estamos ante un tema candente que afecta a miles de pequeñas y medianas empresas, que nos preocupa y ocupa a quienes asesoramos a nuestros clientes, empresas y trabajadores, como operadores jurídicos del orden social”.

Eugenio Santa Bárbara ha destacado en su intervención que las nuevas medidas “no son tan novedosas como pueda creerse, y sí necesarias porque garantizan la seguridad jurídica y laboral de las partes, empresas y trabajadores. Es una norma positiva, que a largo plazo va ser beneficiosa para todos, y su grado de implantación va a depender mucho de la tipología de las empresas y sus relaciones laborales”.