La cesión de los antiguos depósitos de tabaco a la Junta de Andalucía por parte del Ayuntamiento debía ser el paso definitivo para pisar el acelerador de la construcción de esa Ciudad de la Justicia que se le resiste a Cádiz desde hace más de dos décadas. Pero el acto celebrado a finales del pasado año no ha hecho sino sembrar nuevas dudas respecto al proyecto a raíz de las declaraciones del consejero de Justicia, Juan Marín, que dejaba en el aire la financiación y el recorrido que seguirá ahora la administración autonómica.

Esta situación ha provocado la reacción de los agentes jurídicos. Entre ellos, de los graduados sociales de Cádiz, que si bien se felicitan por el hecho de que Ayuntamiento y Junta ya hayan firmado la cesión de los terrenos “después de lo larguísimo que ha sido todo el proceso”, consideran que una vez conseguido el terreno, “lo que necesitamos ahora es el convencimiento de que se va a hacer la Ciudad de la Justicia”, afirma el presidente del colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, que teme que este se convierta en otro proyecto que nunca llega a realizarse.

“Instamos a la Junta de Andalucía a que se ponga ya manos a la obra con el proyecto, a que dé certidumbre de una vez, porque ahora no podemos empezar otra vez de cero después de tantos años esperando contar con una Ciudad de la Justicia”, reclama al mismo tiempo que alerta de que los profesionales de la judicatura en Cádiz “no podemos estar más tiempo así”. “La Ciudad de la Justicia es un proyecto de urgencia, porque actualmente hay juzgados impresentables, con condiciones que son pésimas, con goteras, con techos hundidos...”, añade Fernández.

Fruto de esta urgencia, el presidente de Graduados Sociales llega a plantear a la Junta la venta del solar de Tolosa Latour (emplazamiento que iba a destinarse a Ciudad de la Justicia) “para que invierta el beneficio que saque de esa operación en hacer un equipamiento en condiciones en el edificio de los depósitos de tabaco”. Este colectivo aplaude el emplazamiento y la solución encontrada por Ayuntamiento y Junta ante la aducida inviabilidad de construir la nueva sede en Tolosa Latour; pero al igual que Abogados recela de la nula capacidad de ampliación que puede tener de cara al futuro.

Por todas estas dudas, que incluso han crecido tras las declaraciones efectuadas por el consejero de Justicia, Juan Marín, cuando firmó la cesión del suelo a finales de diciembre, Graduados Sociales reclama a las administraciones “que llamen a los profesionales y nos cuenten qué hay y cómo va todo, porque no tenemos ni idea de cómo va el proyecto, de qué tienen planteado para esos juzgados, qué densidad tiene, cuántas salas va a tener cada uno… Nos enteramos de todo por la prensa”, lamenta José Blas Fernández, que pide que los operadores jurídicos participen en el diseño de esa futura Ciudad de la Justicia cuyo proyecto, al menos de momento, sigue sin convencer a los profesionales.