M. ha vivido en poco más de dos años y medio de todo. Tras tener un cáncer de mama se le declaró por parte del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) una incapacidad permanente absoluta a partir del 20 de abril de 2017. Tras más de un año y medio con esta condición se le hizo la pertinente revisión de oficio para ver si se había producido una mejora o un empeoramiento de la enfermedad por parte de esta mujer, que era comercial en una empresa.

A raíz de esto se dictó una resolución por la que se le retiró la incapacidad absoluta. Según el informe al que ha tenido acceso este periódico, se decía que "no se encuentra afecto de incapacidad permanente en ninguno de sus grados de incapacidad susceptible de cobertura en este ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social". Abunda que "no alcanza las lesiones que padece, un grado suficiente de disminución de su capacidad", resumiendo que hay "mejoría patológica oncológica".

Hasta aquí es el día a día de lo que se produce con las incapacidades. En este momento empezaron los recursos, primero uno de revisión ante el propio INSS. Este tenía 45 días para contestar, pero como viene siendo habitual aplicaron la figura del silencio administrativo, por lo que no respondieron. La representación de M., José Blas Fernández, presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social en el mes de junio de este año y está pendiente de señalamiento para la vista.

Pese a que la demanda está ya en los juzgados, el INSS dio marcha atrás a su decisión inicial de quitarle cualquier tipo de incapacidad y estimó de manera parcial la reclamación previa, por lo que se le reconoció el grado de total de la prestación con efecto desde el 1 de enero de este año. La total lo que quiere decir es que cobra el 55% de la prestación y le incapacita para ejercer la actividad que venía prestando hasta ahora pero no para otras.

El giro final se produjo de nuevo cuando el INSS se desdice de nuevo tras otra nueva revisión de oficio y dicta una nueva resolución menos de dos meses después. Lo que antes era total, ahora de nuevo vuelve a la nada, es decir, se queda de nuevo sin ningún tipo de incapacidad ya que el equipo de valoración de incapacidades determina "que puede reincorporarse a su actividad laboral". Esto ha hecho que en siete meses ha pasado de tener una incapacidad absoluta, a no tenerla, recibir después una total y en menos de 60 días, desdecirse la administración y volver a dejarla sin ninguna prestación por este concepto.

En toda esta montaña rusa de resoluciones, cuando se le quita a M. la incapacidad absoluta decidió reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, pero la empresa le hizo un reconocimiento médico que la calificó de no apta para el puesto de trabajo, por lo que se le aplicó un despido. Eso le ha producido también un perjuicio económico ya que se ha quedado sin prestación por la incapacidad, y también sin empleo.

En la demanda que se ha puesto en los juzgados, M. señala que su estado de salud no sólo no ha mejorado al aparecer unos quistes ováricos  y mantener los efectos del cáncer de mama, pero sobre todo porque "mi estado de ansiedad y de trastorno adaptativo ha empeorado", según los informes médicos que ha apartado.

En uno de ellos se habla literalmente de "empeoramiento con aumento fundamentalmente de la ansiedad, los trastornos de sueño y pesimismo respecto al futuro en relación con pérdida de la pensión económica que implica cambios y pérdidas a nivel familiar y de residencia y también por incertidumbre respecto del estado de salud orgánica". A todo ello no le ayuda que en el proceso su padre cae gravemente enfermo  y acaba separada de su pareja.

En la demanda que se ha puesto en los juzgados, entran a fondo en el dictamen médico de síntesis del INSS por el que se le quitaba la incapacidad. En este sentido, no se aprecia una evolución significativa a mejor en lo que se refiere al cáncer entre el diagnóstico de 2017 y el de 2019 y, en cuanto al tema psicológico aparece una evolución a peor.