Los policías jubilados y los hijos y viudas de agentes fallecidos que quiere desahuciar de sus hogares en la Avenida Fernández Ladreda de Cádiz la Dirección General de la Policía vieron ayer por fin un halo de luz.

El mismo funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz que el martes les impidió que participasen en una reunión “política” sobre su problema, ayer por la mañana les citó para un encuentro inmediato con el subdelegado, José Pacheco, y el jefe provincial de la Policía Nacional, Antonio Ramírez, relató a este periódico uno de los afectados.

“El subdelegado se ha comprometido con nosotros a pedir a la Dirección General de la Policía que, dentro de la legalidad vigente, paralice los expedientes administrativos de desahucio que pesan sobre nosotros”, aseguró a Diario de Cádiz Fernando Fernández-Reinoso, de 74 años, ex agente y vecino del inmueble desde 1980.

El resto de los afectados son el ex subinspector Andrés Martínez, de 82 años, jubilado desde el 31 de enero de 2002. Vive en una de las viviendas de Fernández Ladreda desde 1964 y nunca hasta este año había sido avisado de que tuviera que abandonar su hogar por haber causado baja en el Cuerpo. Otros, como los hermanos Isabel y Juan Hurtado Sánchez, de 51 y 70 años, habitan sus casas desde su nacimiento. Y José Antonio Lozano, de 67 años, desde 1953.

El grupo de afectados lo completan Miguel Vela, de 76, policía jubilado y residente allí desde 1985; Dorotea Gómez, de 71, vecina del mismo portal desde 1964, y Cándida López, de 72 años, con domicilio en el mismo sitio desde 1978, ambas viudas de agentes de la Policía Nacional.

El martes José Pacheco ya asumió el compromiso de estudiar caso por caso y de buscar, con la ayuda del Ayuntamiento, solución a aquellas situaciones en las que por falta de una segunda vivienda o de los suficientes recursos para pagar un alquiler no sea posible el traslado a otra casa.

Lo hizo en el transcurso de una reunión en la que intentó implicar a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Cádiz en la búsqueda de una solución que sólo está en manos de la Dirección General de la Policía, en tanto institución que ordena las órdenes de desalojo.

En cualquier caso, la Concejalía de Vivienda, a través de Procasa, ya les está brindando asesoramiento. Y tanto el PP como Ciudadanos les han manifestado su apoyo. El PSOE también lo ha hecho, en la línea, claro, de la Subdelegación del Gobierno.