La Subdelegación del Gobierno en Cádiz, junto con el Ayuntamiento, buscará alternativas a algunos de los ex policías y familiares de antiguos agentes afectados por las órdenes de desalojo de sus viviendas de la Avenida Fernández Ladreda emitidas por parte de la Dirección General de la Policía. Pero sólo en los casos “sociales”, es decir, en aquellos en los que los desahuciados no dispongan de otra vivienda o de los suficientes recursos para pagarse un alquiler.

Esta es la principal conclusión que se desprende de la reunión que ayer mantuvo el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, con la concejala de Vivienda, Eva Tubío, a petición de esta última. Al encuentro José Pacheco también convocó a los portavoces de los Grupos Municipales del PP y del PSOE, Juan José Ortiz, y María José Rodríguez, y al de Ciudadanos, Domingo Villero. En lugar de este último acudió el coordinador local de la formación, Sebastián Alba, y otro militante, José Antonio García.

Pacheco intentó implicarlos a todos en la resolución de un problema que sólo compete a la Dirección General de la Policía, institución que ha ordenado el desahucio de un grupo de ex policías y familias que llevan allí viviendo toda su vida, sin que nadie, hasta ahora les dijese que debían de abandonar las viviendas.

Pero no llamó el subdelegado del Gobierno a los afectados, que sí se consideraron convocados por la edil de Vivienda en el último de los dos encuentros que mantuvo con ellos. Este hecho dio pié a un incidente que no hizo sino acrecentar el malestar de los damnificados, quienes hasta el momento no han sido escuchados por ningún representante de la Administración central.

En su exposición, el representante del Gobierno en la provincia explicó al fin el por qué ahora de unas órdenes de desalojo que debían de haberse producido hace casi veinte años, defendió la legalidad y la legitimidad de la medida y se comprometió a buscar solución, junto con el Ayuntamiento, a los “casos en los que se determine que hay un problema social”.

“A todos nos une un objetivo común y es que nadie se quede en la calle”, manifestó José Pacheco, según difundió la Subdelegación en un comunicado. “Los poderes públicos tenemos la obligación de cumplir la ley y no provocar agravios comparativos con aquellos policías que acataron la normativa y entregaron su vivienda cuando dejaron de formar parte del Cuerpo Nacional de Policía”.

“Las órdenes derivan de una demanda sindical de viviendas para agentes en activo”, dijo Pacheco

Pacheco explicó que los trámites administrativos de desahucio se iniciaron en febrero del año pasado a raíz de tres motivos: “la solicitud de información de los sindicatos y plantillas policiales acerca de la ocupación y los títulos habilitantes con respecto a 48 viviendas policiales de un total de 1.692 en toda España; la necesidad de rehabilitar las viviendas, para lo cual se ha hecho un plan de mejora de infraestructuras y la necesidad de dar respuesta a funcionarios que necesitan una vivienda por traslado”.

El subdelegado explicó también que el Gobierno basó jurídicamente su iniciativa “en las Normas para la asignación, uso y desalojamiento de los pabellones de las Fuerzas de la Policía Armada publicadas en la Orden General número 25 de 5 de agosto de 1968, aún en vigor”.

En su décima norma se especifica que “terminará el uso del pabellón asignado y, en consecuencia, se procederá el desalojamiento en el caso retiro forzoso por edad, traslado, pase al Ejército o fallecimiento del usuario del pabellón”.

En el caso de Cádiz “hablamos de 7 viviendas de las cuales, tres están ocupadas por antiguos policías y cuatro por hijos o personal sin ascendencia sobre los ocupantes iniciales”. Con estos últimos términos el Gobierno se refiere a las viudas de dos agentes.