Ocho familias de ex policías, la mayoría de ellos de avanzada edad, a punto de ser desalojadas de las casas del Cuerpo en las que viven desde hace décadas, atendían ayer por la mañana a los periodistas y cámaras de varias televisiones que se hicieron eco de la orden de desahucio que ha dictado la Dirección General de la Policía, difundida ayer por Diario de Cádiz.

“De momento no nos ha llamado nadie, ni de la Dirección General, ni de la Comisaría Provincial ni de la Subdelegación del Gobierno”, aseguraba a este periódico Fernando Fernández-Reinoso, de 74 años de edad, portavoz de los policías jubilados afectados y de sus familias. Algunos residen en el número uno de la Avenida Fernández Ladreda, junto a las Oficinas del DNI, desde principios de los años 50 del siglo pasado.

José Pacheco, subdelegado del Gobierno en Cádiz, ha explicado a este periódico que, a raíz de la publicación del anuncio de desalojo, ha pedido información en profundidad a la Dirección General de la Policía con el fin de conocer con exactitud el motivo de los desahucios y si se ha abierto una línea de diálogo con los afectados con el fin de ayudarles a encontrar un hogar alternativo donde vivir.

En cualquier caso, el máximo responsable del Gobierno central en la provincia de Cádiz ha asegurado que la orden de desalojo de los ex policías y sus familias es “un procedimiento administrativo que se abre de oficio y que es completamente legal porque los afectados no están ya en activo en el Cuerpo” y están ocupando unos pabellones destinados agentes en ejercicio de sus funciones.

Los afectados estudian ya la presentación de un recurso contencioso-administrativo

Uno de los afectados es el ex subinspector Andrés Martínez, de 82 años, jubilado desde el 31 de enero de 2002. Vive en una de las viviendas de Fernández Ladreda desde 1964 y nunca hasta este año había sido avisado de que tuviera que abandonar su hogar por haber causado baja en el Cuerpo. Otros, como los hermanos Isabel y Juan Hurtado Sánchez, de 51 y 70 años, habitan sus casas desde su nacimiento. Y José Antonio Lozano, de 67 años, desde 1953.

El grupo de afectados lo completan el propio Fernando Fernández-Reinoso, ex agente y vecino del inmueble también desde 1980; Miguel Vela, de 76, policía jubilado y residente allí desde 1985; Dorotea Gómez, de 71, vecina del mismo portal desde 1964, y Cándida López, de 72 años, con domicilio en el mismo sitio desde 1978, ambas viudas de agentes de la Policía Nacional.

En nombre de los afectados, un abogado ha pedido la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha abierto expediente del caso. Además, ya están estudiando la interposición de un recurso contencioso-administrativo.