La División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) ha ordenado el desahucio de varios agentes jubilados ,de dos viudas y de los hijos de dos policías fallecidos de sus viviendas del número uno de la Avenida Fernández Ladreda, en la capital gaditana, según consta en el expediente al que ha tenido acceso Diario de Cádiz.

Uno de ellos, el ex subinspector Andrés Martínez, de 82 años, vive en una de las viviendas desde 1964 y nunca, hasta este año, había sido avisado de que tuviera que abandonar su hogar. Otros, como los hermanos Isabel y Juan Hurtado Sánchez, de 51 y 70 años, habitan sus casas desde su nacimiento. Y José Antonio Lozano, de 67, desde 1953.

El grupo de afectados lo completan Fernando Fernández-Reinoso, de 74 años, ex agente y vecino del inmueble desde 1980;Miguel Vela, de 76, policía jubilado y residente allí desde 1985; Dorotea Gómez, de 71, vecina del mismo portal desde 1964, y Cándida López, de 72 años, con domicilio en el mismo sitio desde 1978.

En la resolución de uno de los expedientes, la DGP considera probada “la ocupación de la vivienda, sin título legal para ello”, por lo que “transcurrido ampliamente” el plazo de diez días para presentar alegaciones, “estima el desahucio administrativo” del expedientado. Y le apercibe del “lanzamiento de personas, muebles y enseres, si no cumple voluntariamente con la orden de desalojo en el plazo de dos meses”.

La resolución está firmada el 29 de mayo de 2019, pero no se recibió hasta el 17 de junio. En este caso, el expedientado es el octogenario Andrés Martínez. Y los afectados, él y su esposa, que según relata, se encuentra en un estado de salud mucho más delicado que él. De manera que de no encontrar una solución antes del 17 de agosto, ambos ancianos se verán en la calle.

En resumen, la DGP considera que Andrés Martínez ha incumplido cuatro apartados de dos de las normas que regulan el uso de los pabellones. Pero el motivo fundamental de su orden de desahucio es que pasó a situación de jubilación por edad reglamentaria el 31 de enero de 2002. También se le acusa de no haber abonado una cantidad mensual, pagos con los que cumplió durante años y que se detraían de su nómina. Hasta que dejaron de hacerlo por un cambio legislativo. Insistieron en seguir pagando, pero Madrid dijo que no había que hacerlo.

En nombre de los afectados, un abogado ha pedido la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha abierto expediente, pero les ha informado de que la recepción de su escrito “no suspende la ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni interrumpe los plazos legales para recurrir contra ellas”.

En el escrito el letrado alega que, al tratarse de un asunto que aún no está judicializado por encontrarse en vía administrativa, los afectados no gozan del beneficio de justicia gratuita. “Se trata –relata– de ocho ciudadanos de Cádiz, antiguos integrantes del Cuerpo Nacional de Policía o hijos de fallecidos, que viven desde los años 50 (algunos han nacido allí) en unas viviendas destinadas a los miembros de ese cuerpo y ahora, sin explicación alguna y tras tantos años residiendo en esas viviendas, alguno ya con 82 años de edad, reciben una notificación de la Dirección General de la Policía, División Económica y Técnica, ordenando su desalojo, informándoles de que se encuentran en precario por no ser ya miembros en activo del Cuerpo Nacional de Policía”.

“Todo un despropósito –prosigue– con estas personas mayores, muchas enfermas, que tras años de servicio al cuerpo y sin explicación alguna o mediación previa ven cómo la Administración a la que han servido se deshace de ellos con la amenaza de desalojarlos, obviando sus circunstancias personales, familiares, económicas”. Muchas de ellas, “viven intranquilas bajo la amenaza de ser lanzadas de sus hogares en cualquier momento”, añade el abogado en su carta al Defensor del Pueblo Andaluz, a quien pide que medie con urgencia y se reúna con ellos cuanto antes para encontrar “una solución a este asunto con la delicadeza y comprensión que merece”.