Desalojo de ex policías El Ayuntamiento de Cádiz mediará ante el desalojo de los policías jubilados

  • La concejala de Vivienda, Eva Tubío, se compromete a contactar con la Dirección General de la Policía para que les explique las razones

  • Procasa asesorará a los afectados que padezcan situaciones de vulnerabilidad, como avanzada edad, problemas de salud y bajas pensiones

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, y una técnico de Procasa, con parte de los ex policías afectados. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, y una técnico de Procasa, con parte de los ex policías afectados.

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, y una técnico de Procasa, con parte de los ex policías afectados. / Josquín Hernández Kiki

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Después de un primer encuentro en la sede de Procasa hace dos semanas, que se produjo a raíz de que Diario de Cádiz publicase la orden de desahucio de la Dirección General de la Policía (DGP) contra varios policías jubilados, dos viudas y los hijos de  dos agentes fallecidos y sus familias, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, visitó esta mañana las viviendas del número uno de la avenida Fernández Ladreda.

El encuentro en Procasa fue la primera respuesta municipal que recibían a la carta que un abogado envió en su nombre al alcalde el pasado 3 de julio. En ella se le recordaba a José María González que las viviendas, propiedad de la DGP, se encuentran sobre suelo municipal y se le pedía que mediase “para evitar que estas personas mayores, delicadas de salud, sufran un desalojo inmediato de sus viviendas, como se les amenaza”.

Acompañada de una técnico de la empresa municipal de vivienda, Tubío se ha entrevistado con los afectados, quienes le explicaron la situación en la que se encuentran, cada uno en diferentes fases de un proceso administrativo que en algunos casos puede terminar en desalojo en poco tiempo en caso de que no presenten o no prosperen los recursos a los que tienen derecho.

En diferentes fases del proceso

Eva Tubío ha tenido acceso a la documentación de las distintas familias, quienes les han transmitido su preocupación “por las formas en las que se han enterado de la pretensión de la Dirección General para la recuperación de las viviendas con el consiguiente desalojo de quienes las habitan y la rapidez con la que se les están apercibiendo de desahucio a los mismos”.

Algunos de los afectados tienen un plazo de dos meses para recurrir la resolución administrativa, otros tienen un apercibimiento de inicio de desahucio administrativo si no desalojan en plazo y otros no han recibido aún ninguna notificación.

Ante esta situación, la concejala de Vivienda se ha comprometido con los afectados a desarrollar una labor de mediación entre las dos partes, familias inquilinas y la División Económica y Técnica de la DGP, “ya que la principal queja es que ni siquiera han recibido explicaciones ni se les ha concedido ninguna cita para explicarles la situación”.

Esfuerzo municipal en los casos graves

Tubío ha asegurado que “desde los servicios jurídicos de Procasa vamos a estudiar detenidamente cada situación, para que el Ayuntamiento haga un esfuerzo de mediación o asesoramiento en las situaciones de vulnerabilidad, como las de las personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificultan el acceso a otra vivienda”.

“Por supuesto hay que discriminar estos casos de necesidad de otros que puedan existir en los que las personas requeridas tengan otra situación más favorable, por ejemplo, otras propiedades”, matizó la edil.

La Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y los servicios jurídicos de Procasa ya han ofrecido asesoramiento a las familias que así lo requieren, “como se ofrece a cualquier ciudadano o ciudadana que acude con un caso de desahucio, desde que en 2015 se pusiese en marcha el protocolo municipal en este sentido”, precisó Tubío.

Tubío pide una reunión con el subdelegado

La concejala de Vivienda ha solicitado, además, una reunión con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, para posibilitar una aproximación entre la DGP y las familias afectadas de cara a buscar una solución satisfactoria al problema al que se enfrentan.

En declaraciones a este periódico, José Pacheco, aseguró el 10 de julio que ha solicitado información más detallada a la DGP, pero que en cualquier caso, la orden de desahucio entraba dentro de lo legal en tanto que esas viviendas son para uso exclusivo de agentes en activo. Un hecho este que también recordó la técnico de Procasa a los ex policías y sus familiares.

Los afectados

Entre los afectados se encuentra el ex subinspector Andrés Martínez, de 82 años. Habita una de las viviendas desde 1964 y nunca, hasta este año, había sido avisado de que tuviera que abandonar su hogar, pese a que se jubiló en 2002. Otros, como los hermanos Isabel y Juan Hurtado Sánchez, de 51 y 70 años, habitan sus casas desde su nacimiento. Y José Antonio Lozano, de 67, desde 1953.

El grupo lo completan Fernando Fernández-Reinoso, de 74 años, ex agente y vecino del inmueble desde 1980; Miguel Vela, de 76, policía jubilado y residente allí desde 1985; Dorotea Gómez, de 71, vecina del mismo portal desde 1964, y Cándida López, de 72 años, con domicilio en el mismo sitio desde 1978, ambas viudas de agentes.

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