Desahucio de policías| Cádiz El Ayuntamiento insiste en la paralización de las órdenes de desalojo de los policías jubilados

  • Ciudadanos pide una prórroga para que les dé tiempo a trasladarse a otra vivienda

La concejala de Vivienda y una técnico de Procasa, reunidas con parte de los afectados. La concejala de Vivienda y una técnico de Procasa, reunidas con parte de los afectados.

La concejala de Vivienda y una técnico de Procasa, reunidas con parte de los afectados. / Joaquín Hernández Kiki

Durante la reunión que mantuvo ayer con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha pedido al Ejecutivo que “paralice los trámites administrativos, dentro del margen de acción que la legalidad vigente permita, a fin de que los ex policías y familiares afectados por el desahucio puedan tener más tiempo para buscar una solución alternativa”.

En esta línea Tubío ha pedido que “estudien la posibilidad de concertar los afectados un contrato de arrendamiento o cualquier otra opción que les permita una permanencia transitoria y les facilite el traslado, en su caso, a otra vivienda”.La concejala ha reprochado al Gobierno Central la falta de “previsión y tacto” a la hora de abordar esta situación “pues si bien corresponde a una directriz dada por la Dirección General de la Policía a nivel nacional, es necesario conocer cada caso para elegir la mejor forma de actuar”.

Tubío recordó que desde la empresa municipal de vivienda, Procasa, “se ha puesto a disposición de los afectados todos los recursos municipales de mediación y asesoramiento de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, especialmente para aquellas familias en las situaciones de vulnerabilidad, como las de personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificultan el acceso a otra vivienda”.

"Mala gestión y falta de tacto"

En el mismo sentido se pronunció el coordinador local de Ciudadanos, Sebastián Alba: “El Gobierno central no puede eludir sus responsabilidades e intentar que sea el Ayuntamiento el que resuelva el problema que se ha generado. Esto ha sido fruto de una mala gestión y una falta de responsabilidad de la Administración estatal. Ha faltado tacto, más si cabe cuando se trata de policías jubilados, de personas mayores”.

“Es evidente que es un problema social. Es necesario buscar alternativas para que ninguna familia se quede en la calle. Habría que dilatar los plazos lo máximo posible para que se puedan trasladar”.

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