Nueva causa judicial revolotea sobre la Corporación municipal. Con la resaca sobre la condena al alcalde por sus acusaciones en relación al caso de Loreto, otro concejal del equipo de gobierno, David Navarro, se enfrenta ahora a un nuevo procedimiento. Se trata de una denuncia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra derechos civiles por actuaciones del concejal de Podemos al frente de la sociedad municipal Cádiz 2012. Denuncia que ha motivado ya la incoación de diligencias previas por parte del Juzgado que lleva este caso.

La clave de este asunto es la exención del pago que en estos cuatro años ha venido haciendo esta sociedad en concepto de alquiler de la Casa de Iberoamérica para multitud de actividades. Según defiende Ciudadanos, la decisión de quién paga y quién no la factura correspondiente al alquiler la ha venido tomando Navarro; algo que es contrario a las normas de funcionamiento de Cádiz 2012, que deja esas atribuciones al consejo de administración o la junta general.

Según se detalla en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, en el año 2015 no se cobró a ninguna entidad de las que solicitó el alquiler de alguna sala de la Casa de Iberoamérica. En 2016 se facturaron dos actos, y en 2017 otros dos. En ese período (de 2015 a 2017) se celebraron un total de 224 actos en la antigua Cárcel Real; y sólo cuatro fueron facturados para su cobro (habiéndose pagado hasta la fecha solo dos de ellos). Ciudadanos cifra la partida económica que no se ha cobrado correspondiente a los años 2016 y 2017 en un total de 116.039 euros; cantidad a la que habría que sumar la relativa a los años 2015 y 2018.

“Navarro ha venido eximiendo del pago de las tarifas correspondientes a la utilización de los espacios gestionados por la sociedad en la Casa de Iberoamérica a numerosas entidades, habiéndolo hecho de forma autónoma y sin someter el asunto al conocimiento y decisión del Consejo de Administración. Esta actuación constituye una usurpación de funciones consistente en el ejercicio de actuaciones decisorias sobre las operaciones sociales que no corresponde al presidente sino al consejo de administración”, defiende Ciudadanos en su denuncia.

Y en base a ello, el grupo municipal representado por Juan Manuel Pérez Dorao y por María Fernández–Trujillo considera que se ha producido un delito de prevaricación. Esto se debería a que las resoluciones adoptadas por el presidente del consejo de administración son “contrarias a derecho, porque la empresa deja de ingresar las cantidades correspondientes sin que haya una norma que autorice tal circunstancia”, por una “falta absoluta de competencia de quien toma la decisión”, por la “ausencia total de procedimiento al no someterse el asunto al consejo”, por el contenido de la decisión de eximir del pago hasta 220 alquileres en 2015 y 2016, porque “perjudica claramente el interés general”, por tratarse de una decisión que se considera injusta “porque beneficia a determinados particulares en función de su afinidad con el autor y perjudica el interés general”, y porque la “responde al capricho del autor que es perfectamente conocedor de su falta de competencia decisoria” (al ostentar cargos en otras sociedades municipales).

De igual modo, Ciudadanos ha elevado denuncia por malversación de caudales públicos, entendiendo que ha habido una “administración desleal” de la sociedad Cádiz 2012. En este punto, recuerda la denuncia que para estos delitos se establecen penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio de sufragio pasivo de seis a diez años. “Se castiga a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno las infrinjan excediéndose en el ejercicio de éstas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado”, exponen los concejales en su escrito de denuncia.

Por último, le imputan a Navarro un delito contra los derechos civiles al no haber facilitado la información a los concejales que la solicitaron en su día, trasladan desde la formación naranja en relación a la petición detallada de las cuentas de la sociedad mercantil.

Todo ello empezará ahora a ser investigado por el Juzgado. De entrada, se ha redactado un auto de incoación de diligencias previas, solicitando al consejo de administración de Cádiz 2012 que informe sobre las cuestiones que se denuncian por parte de Ciudadanos.

Conviene recordar que se trata de la segunda causa judicial que Ciudadanos emprende contra el equipo de gobierno, después de la relacionada con la gestión de los chiringuitos de la playa que en estos días precisamente, está avanzando en su procedimiento con la declaración de varios de los protagonistas.