La prórroga de tres meses extensible a cuatro que in extremis ha concedido el Ayuntamiento de Cádiz a la Zona Franca y, por tanto, a los emprendedores y a las empresas alojadas en el Centro de Negocios del Casino Gaditano, de propiedad municipal, ha conseguido salvar por el momento la actividad económica que a diario desarrollan allí 35 trabajadores y otros 25 indirectos.

Pero no ha logrado despejar la incertidumbre de quienes dan vida al único centro de estas características que hay en un casco histórico como el de Cádiz, en permanente lucha por revitalizarse. Es más, entre algunos de los afectados ha generado mucho malestar y desánimo la polémica y la repercusión mediática que ha tenido esa situación de inmediato futuro incierto. A la mayoría le gustaría seguir trabajando allí.

En cualquier caso, el firme compromiso de mantenimiento de la actividad del centro que transmitió a los usuarios el concejal de Patrimonio, José Ramón Páez, no ha llegado a llevar la tranquilidad al colectivo. Precisamente porque el equipo de Gobierno no ha definido aún cómo será ni quién afrontará la gestión del centro a partir de noviembre. Lo único que parece claro es que, por fin, las puertas del Casino [Municipal] Gaditano –podríamos empezar ya a llamarlo así– se abrirán a la ciudadanía en general.

Es jueves 25 de julio. Un día después de que se firmase la prórroga, José María Vázquez, coordinador del Centro de Negocios dependiente de la Zona Franca, acaba de mantener una reunión con sus clientes para informarles de primera mano sobre el acuerdo. El centro se montó gracias a un convenio del consorcio del recinto fiscal con el Ayuntamiento y a una inversión de 400.000 euros procedentes de fondos europeos.

“Zona Franca ha puesto todo de su parte para que se redactase y firmase un nuevo convenio. Hemos estado esperando que el Ayuntamiento respondiese. Y no ha respondido, sino que ha concedido una prórroga para ver qué sucede el 24 de octubre o ya en noviembre”, resume Vázquez. “Hay muchos trabajadores que por la situación que están viendo alrededor suya no están contentos. Han vivido y están viviendo momentos de mucha tensión porque no dejaba de llegarles información a través de la prensa y de las redes sociales, por eso hemos venido a explicárselo de primera mano”.

“Con nuestros clientes tenemos una relación mensual. Con 15 días de antelación pueden finiquitar sus contratos. Si en tres meses renovamos convenio y seguimos porque el Ayuntamiento lo prefiere así, pues seguiremos. Que el Ayuntamiento se hace cargo de la gestión del centro de negocios, finiquitaremos nuestra relación con ellos, lo cual me da mucha lástima, porque la relación es muy buena con todos ellos y tendrán que empezar una nueva con el Ayuntamiento”.

De esa buena relación con Zona Franca dan fe todos los usuarios con los que ha hablado este periódico. Incluso quienes han pedido expresamente que no se les cite.

Dori López, técnica administrativa de Canteros Artesanos Almenara,no tiene inconveniente en manifestarlo: “Somos una empresa especializada en la restauración de piedra que ha conseguido sobrevivir a la crisis. Aquí tenemos tres mesas en la sala de coworking. Se trabaja muy bien. Nuestra relación con Zona Franca y con el resto de los usuarios es muy buena. Creo que las dos instituciones deberían llegar a una solución que beneficie a todo el mundo, en eso creo que no debemos entrar nosotros”. Por las tres mesas pagan 180 euros más iva.

“Confiamos en que nos cuiden, que con las poquitas empresas que hay en Cádiz, habrá que cuidar a los empresarios, que no sólo generan beneficios, sino también empleo ¿no?”, plantea Dori.

En el mismo sentido se expresa César Antonio Maddude, abogado, que comparte una pequeña oficina con su colega Ana María Brenes. “Estamos preocupados, claro. Todo esto nos ha afectado mucho. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos. Y nada más. Estamos muy contentos con la gestión de Zona Franca”. Los dos pagan unos 300 euros más iva.

“Lo importante es que se aclare todo; quieras o no, esto le da movimiento y vida a este edificio, a un centro histórico y a una ciudad como Cádiz, tan necesitada de alegría económica. Vienen clientes, conocen el edificio y la zona; todo esto es bueno para la ciudad”, concluye.

En la oficina de al lado, más pequeña aún que la de los abogados, está el “laboratorio” de Catas con Arte. Esta microempresa surgió de un equipo de investigación de la UCA dirigido por el catedrático de Filosofía Francisco Vázquez.

En los ocho años y medio que la lleva pilotando José Berasaluce ya atesora más de 4.500 clientes. “Creo que fui el segundo en llegar... Siempre hago mucho hincapié en la cocreación; aquí confluyen muchas actividades muy distintas, que terminan fraguando una comunidad de intereses que generan actividad económica, cultural y social”, explica.

“Lo que hacemos aquí es el proceso creativo... Tenemos esto como un centro de experimentación y de reflexión. Lo que nos interesa es la capacidad que tienen el capital intelectual y los recursos del conocimiento para promover cambios en las organizaciones. Y el modelo de experimentación son las Catas con Arte, cenas tematizadas, que organizamos en mesas que contratamos en establecimientos hosteleros de la ciudad”, intenta resumir Berasaluce.

“En esas comidas, en torno a una idea, se presenta una bodega, se ofrece una gastronomía y se abre un tema de debate. En una mesa participativa, sin jerarquía y sin presidencia, unas 50 o 70 personas, vienen a compartir esa idea, con la participación de científicos, de artistas, música en directo, performances teatrales y fotografía, todo unido”, explica.

Pero, ¿Qué le parece la prórroga?: “Es una solución temporal y en octubre el Ayuntamiento tendrá que decir qué es lo que decide. El concejal lo que necesita es tiempo para valorarlo. Y eso es algo positivo. Porque esto es un espacio público y como tal, merece ser pensado para encontrar cuál es mejor uso. Hay un acuerdo plenario que obliga a que esto siga siendo un centro de negocios. La cuestión es cómo gestionarlo mejor. José Ramón Páez tuvo una disposición muy positiva y muy amable hacia nosotros. Eso es muy de agradecer. Estamos disfrutando de un espacio público por el que estamos pagando una renta, pero el edificio también hay que abrirlo a la sociedad. Tenemos voluntad de cooperar con el Ayuntamiento, que es el propietario, para abrir este espacio al resto de la ciudadanía en forma de cooperación con otras organizaciones, con otras instituciones. Cuanto más actividad y dinamismo tenga este espacio público, mayor beneficio para la ciudad y para nosotros”, concluye.

La arquirtecta Laura Vadillo es otra de las usuarias del coworking. Lleva allí un año y medio. “Contenta, más que nada porque es muy difícil encontrar lugares de trabajo comunes con luz natural. El precio está bien y se puede compaginar con otros lugares. Hay días que estoy en El Puerto, en Puerto Real, aquí, y es una forma de no tener que trabajar en casa”. Ahora está inmersa en unos proyectos para Navantia relacionados con los encargos de Arabia Saudí.

En la mesa de enfrente tiene a la abogada Rosana Gómez’. Trabaja Civil, Penal y Contencioso-Administrativo. Lleva allí sólo desde mayo. “Aquí se trabaja muy bien, tranquila. Casi todo son ventajas”. Como el resto de sus compañeros, desea que se solucione lo antes posible la continuidad del centro. “Es una pena que habiendo tan pocos coworkings y funcionando este tan bien, nos veamos envueltos en estos problemas”.

Rosana confiesa que le ha “sorprendido que en las noticias aparezca un portavoz nuestro, cuando no hemos dado representación a nadie para que hable en nuestro nombre. Es un tema entre Ayuntamiento y Zona Franca que evidentemente nos afecta, pero en ningún momento queremos que nuestros nombres o nuestras empresas se vean metidas en un conflicto en el que no tienen nada que ver. Siempre he trabajado allí muy bien y mi relación con Zona Franca para el alquiler del coworking ha sido siempre buena y ágil, sin que me haya visto nunca inmiscuida en la relación entre ambas instituciones”.