Ayuntamiento de Cádiz Abogacía del Estado y Fiscalía investigan los reparos de Intervención

  • El Tribunal de Cuentas da traslado a estos dos estamentos para analizar la situación que se viene dando con el pago de facturas

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.

Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. / Fito Carreto

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Los numerosos reparos que la Intervención Municipal viene poniendo al pago de facturas por parte del Ayuntamiento han motivado ya la entrada en acción de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Según ha podido saber este periódico, el Tribunal de Cuentas ha dado traslado a estos dos organismos nacionales para que investiguen lo que viene ocurriendo en el Consistorio, después de haberse recibido denuncia sobre el volumen de informes de reparo y el amplio número de decretos de Alcaldía dejando sin efecto esos reparos.

La labor de Intervención ha dado ya como resultado una cuantía económica de 14,35 millones de euros relativa a facturas que se corresponden con servicios cuya prestación –según los técnicos municipales– en la mayoría de los casos no ha estado acompañada de una relación contractual en vigor o un soporte legal que garantice esa prestación.

Esta situación se ha dado desde principios del pasado año en más de un centenar de ocasiones; un número que se entiende excesivamente alto para la gestión de una administración. Y en la inmensa mayoría de ocasiones, el reparo de Intervención ha quedado anulado por decreto del alcalde de la ciudad, José María González, que ha defendido siempre esta actuación como modo de asegurar la prestación del servicio en lugar de suspenderlo hasta que se normalice la relación contractual o se tramite de nuevo la adjudicación del servicio (teniendo en cuenta los graves problemas que ha venido atravesando en este mandato el área de Contratación, con un notable colapso y retraso de las licitaciones y contrataciones).

En base a todo esto, y tras tener el Tribunal de Cuentas conocimiento de la situación, se ha dado traslado a las dos instancias estatales ante las funciones de este tribunal de “la fiscalización externa permanente y consultiva de la actividad económico–financiera del sector público con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género”.

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