Cumplir con los cánones que establece Intervención y dejar en suspenso un buen número de servicios hasta que puedan contar de nuevo con contrato en vigor. O ‘saltarse’ esas indicaciones mediante decretos y seguir prestando con normalidad esos servicios, aunque carezcan de contrato activo. Esa es la disyuntiva que se viene encontrando en la alcalde de la ciudad, José María González, en no pocas ocasiones; y hasta el momento, se ha venido decantando por la segunda opción.

En el día de ayer –tras informar este periódico de que sigue firmando decretos de levantamiento de reparos, sumando ya el importe de las facturas autorizadas por el alcalde 5.393.798,52 euros– se reafirmó en este sentido: “Ya he dicho por activa y por pasiva que no es de nuestro agrado, pero los reparos son a facturas de servicios que están prestados y que cuentan con su correspondiente partida presupuestaria, así que no supone una merma en las arcas municipales, y además son de interés municipal”, expresó González, que quiso así lanzar “un mensaje tranquilizador” ante lo que considera un “intento de soliviantar a la opinión pública” por parte de la oposición.

De hecho, el alcalde retó a la oposición a poner esta cuestión en manos de la Justicia. “Si fuese un delito o algo tan peligroso como está insinuando algún partido político, ¿no creen que ya nos hubieran llevado a los tribunales? Sería la décimo segunda o la décimo tercera vez que lo hacen en este mandato, por cierto, que se dice pronto”, afirmó José María González.

“Lo que hay que hacer es sacar cuanto antes los contratos, y eso es lo que estamos haciendo. Pero no vamos a dejar de prestar servicios que son fundamentales para nuestros vecinos. Estamos sacando esos contratos con la máxima celeridad posible. No hay más”, concluyó el alcalde.

Reclamación de la oposición

Precisamente ayer también se manifestó uno de los partidos de la oposición, el PP, que volvió a pedir la convocatoria de la comisión técnico–política creada en su día para analizar cuestiones económicas y que el pleno de diciembre acordó que analizara también la relación de reparos emitidos por Intervención así como los decretos de levantamiento a estos reparos firmados por el alcalde. “Va camino de tres meses sin que se reúna la comisión, y el alcalde que es quien debe convocarla está en absoluto silencio”, recordaron fuentes del grupo popular, que volvieron a mostrar su preocupación “por la utilización indiscriminada que está haciendo el alcalde de la figura del decreto para saltarse la fiscalización de Intervención en el pago de facturas irregulares”.

Ante esta situación, el Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno que cumpla los acuerdos plenarios, tanto en relación a la convocatoria de la comisión técnico–política como a la publicación en el portal de Transparencia del Ayuntamiento del listado de reparos de Intervención y decretos de Alcaldía (que se aprobó en el pleno del viernes).

El PP ha lamentado además que en el pleno el alcalde no ofreciera “explicaciones plausibles a los gaditanos sobre su manera de proceder”. “Son 5,3 millones de euros en facturas irregulares que se van a pagar con el único criterio de una firma del alcalde que se salta el procedimiento legal de la Intervención”, han añadido.