Una consejería convertida en frente de batalla. La enseñanza en Andalucía ha sido este mandato una de las puntas de lanza contra el Gobierno central. La guerra entre ambas administraciones se ha librado en un servicio básico para la ciudadanía. A los recortes impuestos por el Ejecutivo de Rajoy -a los que se han añadido los de la propia Junta- se ha sumado la férrea oposición a la polémica Lomce, cuya aplicación se intenta demorar, dentro de los límites legales, desde la Administración que ha dirigido estos dos últimos años Luciano Alonso. Mientras continúa la batalla, los resultados académicos de los alumnos andaluces mejoran, aunque no todo lo suficiente para que la comunidad abandone los vagones de cola de la educación europea.

Atrás quedaron aquellos años cuando los niños salían del colegio con un portátil regalado por la Junta. Ese intento por digitalizar el aula se quedaba a medias. Los recortes del Gobierno central -con el que la Junta había contado a la hora de financiar costosos programas educativos- ponían en jaque los planes del Ejecutivo autonómico que mejor "vestían" la enseñanza pública. No quedaba otra que prescindir de ciertas vestimentas que se habían lucido muy bien de cara a la galería. Después llegarían los límites en la tasa de reposición. La Junta intentó que afectara lo mínimo posible a la plantilla docente y que ésta siguiera aumentando, aunque con un porcentaje de crecimiento menor al de otros cursos.

Fue la primera batalla que libró contra el ministerio que dirige José Ignacio Wert, convertido por la Administración regional en la bestia negra de la educación pública. Wert ha sido estos años el enemigo perfecto al que hacer responsable de todas las mermas de la enseñanza andaluza, aunque muchas fueran por obra y gracia de la propia Junta.

El litigio por la tasa de reposición obligó a suspender las oposiciones a maestro de 2012. Así comenzó este mandato en el aspecto educativo, cuando se encontraba al frente de la consejería competente Mar Moreno. La nueva legislatura traía consigo el bipartito con IU. Las consecuencias no se hicieron esperar. La política de concertación de centros privados para aumentar la oferta pública se frenaron con la llegada de los nuevos socios de gobierno. Si bajaba la demanda de escolarización, los concertados tendrían que sacrificar aulas.

Otro de los puntos de conflicto -que aún se mantiene- concierne a la educación diferenciada, un modelo de enseñanza contra el que la Junta siempre ha mostrado su rechazo a que se sostenga con fondos públicos. La Justicia, en 2012, le dio la razón, pero la Lomce ha vuelto a amparar a estos centros al permitir que se concierten aulas que sólo admiten a niños o niñas. Los fallos recientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han obligado a la Consejería de Educación a torcer el brazo y destinar dinero pública a colegios no mixtos, todos ellos vinculados con órdenes e instituciones religiosas.

Precisamente la Lomce se ha convertido en el último frente de batalla entre el Gobierno y la Junta en materia educativa. La Administración andaluza mostró desde el principio el rechazo a una reforma, que tanto José Antonio Griñán como Susana Díaz tildaron de nefasta para la enseñanza al favorecer la educación privada en detrimento de la pública. El intento de que su aplicación la paralizara el Tribunal Constitucional cayó en saco roto. La Consejería que dirige Luciano Alonso -quien sustituyó a Mar Moreno tras la llegada de Díaz a la Presidencia- intenta, no obstante, que la aplicación de la Lomce tenga los mínimos efectos en la comunidad, de ahí que haya aplazado un curso su aplicación en Primaria -algo que previsiblemente ocurrirá en Secundaria- y haya salvaguardado de su eliminación Educación para la Ciudadanía, asignatura que introdujo en el currículum el Gobierno de Zapatero.

En esta política educativa de resistencia también se han salvado, entre otros, el programa de gratuidad de libros de texto, el de apertura de centros (aula matinal, comedor y actividades extraescolares) así como el bilingüismo. Logros que no consiguen ocultar los graves problemas financieros que atraviesa la Administración autonómica, que ha provocado serios retrasos en el pago de las guarderías, de los servicios escolares y de los institutos, a los que se les ha recortado drásticamente este curso el presupuesto para gastos corrientes.

Los planes que sufraga la propia Junta tampoco logran enmascarar la realidad de la educación andaluza: la región mejora en resultados académicos aunque se mantiene aún a la cola del ranking europeo -según el último informe PISA- y, pese a ser un sistema al que tienen acceso todos los andaluces en edad de escolarización, pocos son los que alcanzan la excelencia. La otra resistencia de la enseñanza.