El exalcalde de Cádiz, José María González Kichi, no solo incorporó al organigrama municipal a una persona ajena al Ayuntamiento, sino que hizo todo lo posible para que la plantilla atendiera las órdenes e indicaciones que emanaban de ese asesor externo cuyo papel en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 y abril de 2019 está siendo objeto de una investigación a la que han sido ya llamados a declarar tanto Kichi como tres de sus concejales (David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez) y su asesor de gabinete (José Vicente Barcia).

La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional determina que tanto el alcalde como su entorno presionaron a funcionarios municipales para favorecer la influencia y la toma de decisiones de esa persona ajena al Consistorio que trajeron de Podemos (Fernando García Acuña). Y más allá de las presiones, la situación llegó a los extremos de ocasionar destituciones de esos técnicos del Ayuntamiento e incluso motivaron una baja médica de una de las funcionarias cuando se encontraba en su octavo mes de gestación.

Según el informe de Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, Kichi y su equipo dieron instrucciones expresas al director de Turismo para que atendiera las órdenes, indicaciones, correcciones y valoraciones que ese asesor ajeno al Ayuntamiento realizara respecto a los expedientes de licitación, especialmente en los relativos a la explotación del yacimiento Gadir y al servicio de información turística.

Fue el 28 de noviembre de 2018 cuando se produjo una reunión con el director de Turismo a la que asistieron el alcalde, el entonces concejal de Hacienda y de Personal, David Navarro; el entonces asesor del alcalde y que luego sería concejal, José Ramón Páez; y el propio García Acuña al que presentarían al funcionario municipal “ordenándole directamente el alcalde que todos los expedientes que estaba tramitando los iba a revisar Fernando García Acuña y que por ende siguiera las instrucciones que emanaban de aquel”.

Con posterioridad a esa reunión, el alcalde se mostraría encima del funcionario para confirmar que efectivamente se estaban atendiendo las indicaciones de García Acuña. Así lo hizo al menos durante dos meses, habiendo entre otras pruebas testificales constancia de mensajes de la aplicación WhatsApp enviados por Kichi al funcionario preguntando expresamente por ese asesor particular de Por Cádiz Sí Se Puede.

Fruto de este interés especial y de esas presiones al funcionario, constata la investigación policial que García Acuña “condicionó el contenido de los pliegos”, que se le enviaban expresamente a él, “quien los revisaba y modificaba a su libre voluntad, provocando cambios esenciales”. El propio funcionario municipal aseguró en su testificación que la presentación de García Acuña aquel 28 de noviembre de 2018 “revestía las formalidades exigidas, al estar además presente el teniente de alcalde delegado de Hacienda y Personal asintiendo que era correcta la orden que daba el alcalde” de atender las indicaciones de esta persona, lo que llevó a dar por hecho en todo momento que García Acuña era funcionario del Ayuntamiento.

Estas presiones quedan en evidencia con una segunda testigo, funcionaria también del Ayuntamiento, que en declaración a la Udef reconoció haberla sufrido, especialmente de parte del asesor del alcalde, y que llegaron a provocar una baja médica. “Dado que lo planteado no tenía encaje legal la dicente se negó, para acto seguido, dado el contexto, la situación de ansiedad y su estado de gestación (de ocho meses) se dirigió a su médico quien adoptó la decisión de concederle la baja”, remarca el informe policial.

Además de esta baja médica, la Udef concluye que la posición de esta funcionaria de no plegarse a las exigencias que le trasladaban en relación a García Acuña “ha provocado un detrimento directo en su vida laboral, y consecuentemente en el ámbito personal”. En concreto, refiere la investigación a su destitución como directora de Secretaría General y su traslado a otro departamento, lo que se traduce en una pérdida económica de 9.000 euros anuales y un cambio de nivel del puesto de trabajo (pasando del 30 al 27).

“Las prácticas y decisiones adoptadas por los actores descritos (en relación a Kichi, Navarro, Páez, Jiménez y Barcia) quienes forman parte de órganos directivos en el seno del Consistorio, proyectan la imagen de impunidad absoluta al retorcer la voluntad de la normativa vigente en favor de Fernando García Acuña, quien a su vez, como consecuencia de esa autoridad directa concedida a su persona ad hoc por parte de los distintos componentes de los órganos directivos, adopta resoluciones de carácter económico de las que no asume responsabilidad alguna, ni él ni los que le permiten esa actividad, pero sí aquellos que las refrendan por las presiones de sus superiores o las instrucciones con origen en el propio Acuña en representación de los primeros”, concluye de manera contundente la investigación de la Policía sobre el papel jugado por ese asesor ajeno al Ayuntamiento entre 2018 y 2019 y sobre cómo el entorno de Kichi, y el propio ex alcalde, propiciaron, favorecieron e incluso presionaron para que jugara ese papel.