Una resolución judicial que pone en entredicho la gestión del proyecto

La paralización de las obras ordenada por el TSJA al acordar la ejecución provisional de la sentencia de noviembre supone un durísimo revés para la Junta de Andalucía y para el proyecto del tranvía que promueve entre los municipios de Cádiz, San Fernando y Chiclana, cuya gestión y tramitación por parte de la Consejería de Obras Públicas ha quedado en entredicho con esta nueva resolución judicial justo cuando faltan menos de dos meses para las elecciones municipales.

Aunque las obras del tranvía en San Fernando se encuentran bastante avanzadas -según Obras Públicas, la terminación de los trabajos de urbanización en la calle Real, ya en su recta final, estaba prevista para abril- el auto judicial que obliga a suspender la actuación en marcha puede llegar a suponer un problema de grandes dimensiones para la ciudad y para las administraciones implicadas en el proyecto.

Si finalmente no se llega a un acuerdo y las obras se ven abocadas a su suspensión -la Junta ya ha anunciado que recurrirá el auto y que éste no es firme, por lo que no requiere todavía de la paralización de los trabajos- implicará un coste añadido para las arcas públicas ya que la Junta se vería obligada a indemnizar a la empresa adjudicataria por el parón de los trabajos. Además, claro está, se incumplirían los plazos y acuerdos adoptados en relación al tranvía. Hace apenas unas semanas, por ejemplo, se anunciaba que para el próximo mes de septiembre estaba previsto ya el inicio de las pruebas del primer modelo de tren-tranvía en la calle Real.

Actualmente, las obras en marcha se localizan en los nudos de comunicación de La Ardila y de la Venta de Vargas, donde se trabaja en la reurbanización del entorno para adecuar el trazado del tranvía. Estos trabajos están a punto de terminar. De hecho, la Junta espera finalizar en las próximas semanas, como ha apuntado en varias ocasiones.

Más tiempo requiere la terminación del nuevo ramal de acceso a la CA-33 por el que circulará este nuevo medio de transporte y que, a su vez, permitirá liberar el entorno del Sitio Histórico del Puente Zuazo para afrontar su rehabilitación, pendiente de una segunda fase.

La última fecha que se barajaba para la terminación de este nuevo ramal de acceso a la CA-33 era para antes del próximo verano. Las obras se encuentran aproximadamente a un 60% de su ejecución. También, a lo largo de prácticamente toda la calle Real se desarrollan los trabajos de electrificación y la instalación de farolas-catenarias a lo largo de la arteria principal de la ciudad. Ayer, lógicamente, operarios de la empresa adjudicataria del tranvía trabajaban en los extremos de la calle Real con absoluta normalidad.

El representante legal de los afectados confía en una pronta reacción de la Junta para negociar el pago de indemnizaciones con sus afectados, lo que impediría la paralización definitiva de las obras del tranvía. Al parecer, es la única oportunidad que le queda a Obras Públicas si no quiere que quede bloqueada esta importante actuación en el tramo de San Fernando. Porque, los afectados están dispuestos a seguir adelante si no consiguen resultados. Su abogado explicó ayer que, de momento, esperará un plazo prudencial de tiempo -en torno a quince o veinte días- a la espera de un gesto por parte de la Administración autonómica. Si éste no llega y las obras no se paran, no dudará en comunicárselo al TSJA para que éste ordene su suspensión.