Un solo funcionario, sin ordenador y sin acceso a los expedientes de los cursos de formación para supervisar miles de actividades formativas. Este es el sombrío escenario que el jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, ha descrito este jueves en su declaración como testigo ante la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación.

Durante casi cinco horas, Teodoro Montes, ha relatado de forma pausada pero profusa las numerosas irregularidades que detectó en el control de los cursos y que le llevó a presentar una denuncia en el juzgado de guardia. El testigo ha llamado la atención sobre el hecho  de que durante un año aproximadamente, entre la primavera de 2013 y principios de este año, el organismo encargado del control de los cursos de formación en la provincia de Sevilla quedó reducido a su persona, además de que no tenía ordenador ni acceso a los expedientes, según han informado fuentes del caso. Esta situación coincide con la denuncia que en su día presentó por mobbing contra sus superiores y que ganó en los tribunales.

Teodoro Montes ha comparado esta situación de desmantelamiento de su departamento con la época anterior a 2010, cuando había más de 30 personas encargados de la supervisión de los cursos y a pesar de ese número “eran muy pocas” para supervisar “los miles de cursos”, han señalado las mismas fuentes.

Como culminación del desbarajuste y falta de control que denuncia, Teodoro Montes ha afirmado que hay actualmente en su departamento unos 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir porque no han sido supervisados. A su departamento llegan tanto las ayudas para actividades formativas que concedía la delegación provincial de Empleo como las que otorgaba la Dirección General de Formación.

El testigo ha ratificado íntegramente su declaración ante la Guardia Civil, en la que cuando fue preguntado por los responsables de las irregularidades denunciadas respondió de forma contundente. "Todos mis superiores jerárquicos, sin excepción". Ahora la juez Alaya le ha preguntado expresamente sobre quienes son esos responsables y el testigo ha apuntado a su jefe inmediato y también ha mencionado a la actual delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y a su antecesor en el cargo Antonio Rivas, precisaron las mismas fuentes.

Según el funcionario, sus jefe no habrían actuado para detener esas irregularidades. La declaración de Teodoro Montes, que se suspendió poco antes de las cuatro de esta tarde, continuará el próximo martes, cuando la juez Alaya continúe su interrogatorio, dado que en toda la sesión de hoy el testigo sólo se ha sometido a las preguntas de la magistrada. El próximo martes, la juez preguntará al testigo sobre las ayudas de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Según algunas fuentes consultadas, la declaración de este testigo puede considerarse “magnífica” para la tesis que sostiene la acusación en esta investigación judicial.

Mientras continúa esta declaración, la juez Alaya ha decidido suspender sine díe la comparecencia del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que había sido inicialmente citado para el próximo 16 de octubre.

El testigo Teodoro Montes prestó declaración ante los agentes del grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 22 de agosto de 2013 y entre las irregularidades que denuncia aseguró que se había justificado la asistencia a cursos de alumnos que no habían asistido realmente; que no se había presentado documentación justificando la realización del curso ante el órgano gestor que estaba encargado del control y seguimiento; y que se había "sobredimensionado" el coste para llegar al tope máximo de gasto sin que hiciera falta.

Según la denuncia de Teodoro Montes, que ahora ha ratificado íntegramente ante la juez Alaya, hay 450 cursos divididos en dos partidas de los años 2009 y 2010 realizados por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que "no se puede certificar su materialización". Pero la denuncia del funcionario no se queda aquí, puesto que el testigo aseguró a la Guardia Civil que una vez que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se subrogó las obligaciones de la Faffe, trabajadores de la fundación acudieron al SAE y participaron en la gestión, "alterando y modificando los expedientes informáticos administrativos relativos a estos cursos". Ante su queja, personal subalterno "retiró los expedientes en papel sin dar explicación alguna", lo que le llevó a presentar una denuncia en los juzgados de Sevilla.

En cuanto a cómo se asignaban los fondos para los cursos de formación, el testigo relató igualmente en esa comparecencia que hasta el año 2010 la Junta designaba en una resolución, previo estudio de una serie de parámetros, a las entidades que se iban a encargar de llevar a la práctica las acciones formativas. Pero esta forma de trabajar, según Montes, cambió en 2010, fecha a partir de la cual la designación se efectuaba mediante una "convocatoria competitiva", en la que se estudiaban otros parámetros.

De esta forma, la asignación de las acciones formativas a las empresas se ha venido haciendo por parte de las autoridades administrativas "sin que esta elección se correspondiera con los informes técnicos emitidos por el departamento de gestión de formación" y dándose la circunstancia de que existen entidades formativas a las que se otorgan "muchos más cursos de los que pueden asumir". Estas entidades, según el denunciante, suelen ser entidades locales, agentes sociales y fundaciones, y en este caso la asignación se realiza por parte de la delegación provincial de Empleo. Junto a esta asignación, hay otra que realizan los servicios centrales, es decir, la Dirección General de Empleo y que, según el testigo, se efectuaba "de manera discrecional".

Entre los primeros problemas que detectan se encuentra que las empresas no tienen capacidad para la materialización, en la fechas previstas, de los cursos que les han sido asignados, al tiempo que su departamento se ve "desbordado en su labor de control y seguimiento de los cursos, con lo que las irregularidades que se cometen en muchos casos no son detectadas".

Con la declaración de este funcionario, Alaya ha iniciado la verdadera fase de instrucción del caso de los cursos de formación, que en estos momentos está en una fase muy inicial consistente en recabar abundante información sobre los expedientes de las ayudas concedidas para la realización de los cursos de formación.

Tras esta comparecencia, la juez tenía previsto tomar declaración al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, a quien la juez atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por haber concedido ayudas por importe de 70 millones de euros para la formación de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. En el auto en el que imputó a Fernández, cuya declaración ahora ha sido aplazada, la juez acusó a la Junta de destinar 950 millones a cursos sin que la Administración haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gasto de estas subvenciones.